OPINIÓN: Polémica por estacionamientos,
Hubo aprovechamiento de algunos empresarios del descrédito del Congreso para endosarle responsabilidad por alzas de precios.
LA LEY 20.967, que ha regulado el cobro del servicio de estacionamientos, generó una serie de controversias una vez implementada, a tal punto que ya se han presentado cinco mociones en el Congreso que buscan modificarla, a pesar de llevar sólo poco más de un mes de vigencia.
La evidente alza en el precio de este servicio por parte de los proveedores, ha generado la sensación de que los parlamentarios -en especial los senadores- habrían actuado motivados por intereses distintos a los de los consumidores. En este escenario, es necesario clarificar ciertas cosas.
En primer lugar, el proyecto original, presentado por diputados DC -y que quieren reponer-, que pretendía dar gratuidad a todo evento por 30 minutos y con boleta de consumo hasta por 120 minutos más, fue desestimado por todos los expertos que fueron a exponer durante su tramitación.
A la evidente inconstitucionalidad de la propuesta -al imponer la gratuidad en un bien privado-, se sumó que la iniciativa colisionaba gravemente con los objetivos de reducir la congestión vehicular y la contaminación en las ciudades, además de imponer una carga al consumidor que no hace uso del automóvil, quien debía subsidiar el costo de la gratuidad a quien sí lo utiliza.
La nutrida evidencia internacional señala que mientras más en el centro de la ciudad se encuentre el estacionamiento, más se debe cobrar por su uso, ya que las externalidades negativas son mayores. El estacionamiento no es un “derecho social”, y la propuesta original hubiese generado efectos negativos para los propios consumidores.
El Senado, de forma responsable y a pesar de lo impopular de la medida, modificó la iniciativa surgida en la Cámara, en vista de los buenos argumentos esgrimidos en la tramitación. Así, el pago se efectuará por servicios efectivamente prestados, y no podrá redondearse al alza la tarifa; no podrá cobrarse tarifa diaria en caso de pérdida del ticket; y la responsabilidad será del proveedor en caso de robo o hurto del vehículo. Estos son beneficios claros, más considerando que en este mercado -aun cuando existen varias empresas operadoras del servicio- la demanda es bastante inelástica, y los bienes sustitutos (micro, taxi, metro) no prestan un buen servicio.
Sin embargo, una vez implementada la ley, se han evidenciado alzas importantes en los precios del servicio. Se esperaban algunas alzas en los tramos de tiempo completos, para compensar los subsidios cruzados que se producían con la modalidad anterior de cobro, pero un estudio del Sernac evidenció alzas de hasta un 88,7%, analizando las tarifas promedio de los establecimientos. ¿Constituye eso una falta? Por supuesto que no. En una economía de mercado debe existir libertad para fijar los precios. Sin embargo, ha habido acciones deshonestas por parte de algunos operadores del servicio, con el objeto de desinformar dolosamente a los consumidores respecto de los alcances de la ley.
HUBO UN aprovechamiento grosero de algunos empresarios del descrédito que hoy tiene el Congreso, para cargar en él la responsabilidad de las alzas de precios. Muestra de ello es que los operadores de estacionamientos concesionados, para quienes la ley comienza a regir una vez concluido el plazo de concesión, subieron los precios aduciendo que la ley los obligó a hacerlo. Que quede claro: el alza de precios no responde a la nueva normativa, sino que exclusivamente a políticas comerciales de las empresas. Por otra parte, es sencillamente impresentable que una de las principales empresas operadores del servicio haya inventado un nuevo artículo a la ley para eximirse de la obligación de responder por robo o hurto del vehículo.
Aclarado que la ley aprobada no perjudica a los consumidores, es deber de las empresas operadoras del servicio justificar las alzas de precios en el servicio de estacionamientos. Faltó transparencia, y achacar al Congreso la culpa por los nuevos precios constituye un acto de mala fe inexcusable.
Para quienes creemos que la economía de mercado, basada en la libertad, es el motor de la movilidad social y el progreso, actitudes como las evidenciadas en las últimas semanas por algunas empresas sólo entorpecen la profundización de este modelo económico, y dan pie a que propuestas populistas y de corte estatista vuelvan a tener tribuna.
De aprobarse la gratuidad en el servicio de estacionamientos se generaría un pésimo precedente para futuras regulaciones, y los empresarios tendrán responsabilidad en aquello. ℗
El autor es abogado Programa Legislativo Fundación Jaime Guzmán.