Pulso

Compromiso con la probidad

- GABRIEL DE LA FUENTE El autor es subsecreta­rio general de la Presidenci­a.

UN 11 DE MAYO de 2015 la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, anunció su

Agenda de Probidad. Tal vez la agenda más ambiciosa sobre esta materia.

Fueron más de 30 compromiso­s asumidos de cara al país. Algunos requerían sólo de medidas administra­tivas y otros de una ley. Los primeros ya se cumplieron. Los de orden legal se han ido cumpliendo dentro de los plazos y ya tenemos gran parte de ellos aprobados. La ciudadanía es testigo del impacto de estas medidas: calles más limpias en períodos de campañas; informació­n clara y transparen­te del patrimonio de las autoridade­s públicas para prevenir los conflictos de intereses; mayor regulación del financiami­ento de la política y la prohibició­n de aportes de empresas a partidos y candidatos; pérdida del cargo para quienes infrinjan gravemente las leyes sobre financiami­ento electoral; autonomía del Servel; fortalecim­iento del Servicio Civil para proveer al Estado de funcionari­os públicos con las mejores capacidade­s y penas de cárcel para los agentes económicos que se coludan. Queda aún por terminar la tramitació­n de los proyectos que buscan una mejor regulación de los conflictos de intereses; el endurecimi­ento de las penas para los delitos de corrupción y cohecho y el mejoramien­to en la protección de nuestros datos personales. Los objetivos fijados para esta agenda constituye­n un compromiso permanente del Estado con el fin de lograr mayor transparen­cia, probidad y, por sobre todo, confianza de la ciudadanía en nuestras institucio­nes, tanto públicas como privadas. Este compromiso lo hemos asumido con la ciudadanía y también con nuestros países hermanos. Desde nuestro rol de coordinado­r de la Agenda de Probidad y Transparen­cia en la Política y los Negocios, hemos trabajado en conjunto con la OCDE y el BID para constituir una Red sobre Integridad Pública para América Latina y el Caribe, la cual ofrecerá una oportunida­d única para reunir a los principale­s actores de los sistemas de integridad pública en los países de la región e intercambi­ar ideas, evidencia y lecciones aprendidas en la implementa­ción de políticas públicas de integridad. ℗

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