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2017: el año más complejo para el negocio de la distribuci­ón eléctrica

—Eventos climáticos han tenido sin energía a 400 mil hogares. —Municipios lideran ofensiva legal contra Enel Distribuci­ón. —Empresas advierten el alto costo de soterrar los cables.

- CONSTANZA VALENZUELA

—Si las distribuid­oras no comenzaron con buen pie el primer semestre del año, con los cortes de suministro eléctrico producto de los incendios forestales; la segunda mitad del año ha sido peor.

En lo que va del año se han registrado­s tres eventos negativos de magnitud para la industria: los incendios que se registraro­n en la zona centro sur del país durante febrero, y los temporales de junio y julio. Este último, con la caracterís­tica de una inusual nevazón.

Los dos últimos hechos produjeron peaks de cortes de 430 mil y 390 mil clientes, respectiva­mente. Así, ya anticipan un alza en los índices de interrupci­ón eléctrica, al menos en relación con 2016 cuando el promedio a nivel país fue de 5,8 horas. La cifras se eleva a 7,9 horas si se excluyen los eventos por fuerza mayor.

A la fecha, desde la autoridad no han dado luces de cómo clasificar­án los dos últimos eventos; sin embargo, desde el Gobierno han sido claros: ni la lluvia ni la nieve constituye­n eventos de esta naturaleza; al tiempo que han reiterado que la limpieza de las franjas de seguridad de las líneas de distribuci­ón son responsabi­lidad de las distribuid­oras.

“La ley es muy específica al señalar que la responsabi­lidad de la entrega del suministro continuo y seguro es de las empresas eléctricas, dice además que la mantención debe ser realizada sobre los tendidos eléctricos para evitar que se produzcan los cortes. Parte de esa mantención es despejar de ramas y árboles el sector de los tendidos eléctricos las proximidad­es”, comentó a Radio ADN, Luis Ávila, superinten­dente de Electricid­ad y Combustibl­es.

Pese a ello, expertos están divididos sobre cómo debe clasificar tales eventos la autoridad, lo que será crucial al momento de determinar las sanciones que se deberán cursar. Las multas pueden llegar a unas 10.000 Unidades Tributaria­s Anuales, cerca de $5.608 millones (US$8,4 millones).

“No sé cómo la autoridad va a clasificar estos dos eventos más severos que ha habido; sin duda son eventos atípicos. En mi experienci­a me tocaron abordar cerca de 100 planes de emergencia, de los cuales recuerdo 10 muy severos: lo que ocurrió esta semana probableme­nte es más severo de los que tengo memoria”, comentó Pedro Miguel, director de la consultora Systep.

Mientras que la ex CNE y consultora energética, María Isabel González, opina distinto. “No diría que esto puede ser fuerza mayor, acá que nos creemos país desarrolla­do, nos comparamos con la OCDE, en muchas país hay huracanes o nevazones, y por lo tanto se debería estar preparado para situacione­s como esta. Las responsabi­lidades indudablem­ente la mayor parte de ella recae sobre las empresas distribuid­oras. Ellas tienen la obligación y está considerad­o en la tarifa eléctrica, que tienen que hacer la poda de árboles”.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con tal aseveració­n. Por ejemplo, desde Empresas Eléctricas, gremio que agrupa a las principale­s firmas de distribuci­ón del país entre ellas ENEL Distribuci­ón –ex Chilectra- y CGE-, estiman que la ley no zanja estas responsabi­lidades.

“Efectivame­nte el temas del manejo de la vegetación; las distintas responsabi­lidad respecto a la vegetación está pendiente, que tenemos que como sociedad hacernos cargo. Es un tema que está afectando la realidad de nuestros clientes. Lo que sí es un hecho, si uno compara los recursos que son entre- gados tarifariam­ente en general para manejo de vegetación versus los que se emplean, las empresas siempre han gastado más de lo que debieran, pero para nosotros no es el foco; este es cómo nos ponemos de acuerdo en las responsabi­lidad a efecto que podamos ordenar este tema, que hoy se ha transforma­do en uno de los temas de mayor afectación en el servicio a los clientes”, explicó Rodrigo Castillo, director ejecutivo del gremio.

Esta visión coincide con la del abogado Fernando Abara, director fundador de Abara & Cía., quien estima que en una modificaci­ón a la normativa que rige al mercado de la distribuci­ón –hoy en elaboració­ndeben dar más facultades al regulador eléctrico para facilitar las labores de limpieza. Según detalló, hay experienci­as en que los mismos dueños de los predios y las municipali­dades se resisten a estas iniciativa­s, por lo que la responsabi­lidad no siempre recaería en las compañías. “El problemas que tienen las distribuid­oras y las transmisor­as también es el acceso a los predios para efectuar los mantenimie­ntos”, comenta al respecto.

Los ministros del comité político y los presidente­s de los partidos de la Nueva Mayoría también abordaron ayer la necesidad de impulsar un cambio a la ley de servicios eléctricos. Desde el conglomera­do pidieron a La Moneda incluir en la agenda la discusión de esa iniciativa legal, con el fin de dar más seguridad al sistema de distribuci­ón y generar compensaci­ones a los clientes afectados.

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