Proyecto de ley busca responsabilizar a los bancos por la clonación de tarjetas
La iniciativa de los senadores Lily Pérez, Eugenio Tuma y Manuel José Ossandón modifica la legislación, dado que el texto vigente no contempla este tipo de delitos.
—La banca está preocupada. Un nuevo proyecto de ley que está en tabla en la Comisión de Economía del Senado busca eximir de toda responsabilidad a los usuarios víctimas de fraude en sus tarjetas de crédito o débito. El texto pretende que sean los bancos y todos los actores involucrados en la cadena los que se hagan cargo. También fija un plazo máximo para la devolución de fondos y restringe la inducción a comprar seguros para enfrentar fraudes.
—Un nuevo proyecto de ley que busca acotar la responsabilidad de los usuarios cuando son objeto de fraude en sus tarjetas de crédito o débito elevó las antenas de la industria bancaria.
El texto que fue presentado por los senadores Lily Pérez (Amplitud), Manuel José Ossandón (RN) y Eugenio Tuma (PPD), está en tabla en la Comisión de Economía donde acudió el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), Segismundo Schulin-Zeuthen a expresar su disconformidad con la iniciativa.
Esta iniciativa actualiza la ley 20.009 (de 2005) que sólo regula la responsabilidad del emisor y el tarjetahabiente cuando una tarjeta se extravía, roba o hurta físicamente, pero no aborda los casos en que una operación fraudulenta ocurre bajo la total ignorancia del titular, frecuentemente como resultado de la clonación del instrumento u otros métodos similares.
El texto en estudio exime de responsabilidad al usuario frente a este tipo de fraude y la distribuye o traslada a otros miembros de la cadena de pagos, aborda la inducción a la contratación de seguros para cubrir los montos defraudados, y fija un plazo de 24 horas a los emisores para la devolución de los importes, con la “prohibición de requerir el cumplimiento de condiciones para tales devoluciones, como la contratación de seguros (ampliamente presentes en el mercado ), u otras medidas burocráticas”. También se aumentan las penas para estos delitos.
En los últimos años el aumento de este tipo de delitos se duplicó, pasando de 17.300 en 2014 a 34.300 en 2015, en un universo de más de 20 millones de tarjetas emitidas.
“Normalmente los emisores de tarjeta le exigen responsabilidad a los usuarios cuando hay un fraude, cuando éste obedece a la falta de seguridad de los propios sistemas que ofrecen estos servicios”, indicó el senador Tuma –además presidente de la Comisión de Economíaal explicar el origen de esta iniciativa.
Señaló que la iniciativa buscará terminar también con algunas prácticas que impiden la restitución de los dineros defradudados: “No nos parece correcto que (los emisores) estén ofreciendo servicios de seguro para cuidar los dineros, no debería existir ningún pago por seguridad porque ésta debiera proveerla el banco. La persona deposita su dinero en el banco porque quiere que le cuiden el dinero por lo cual paga, y si los bancos cobran entonces háganse cargo de su trabajo”. Tuma recordó que se actualiza la legislación para acoger todas las nuevas tecnologías respecto a transferencia de recursos a través medios electrónicos, más allá de la tarjeta (phishing, pharming y skimming). “Queremos acotar la responsabilidad de usuarios y que sea el banco o la institución emisora la que se haga responsable de las pérdidas y que restituya los bienes que han sido defraudados”, recalcó.
RECHAZO DE LA ABIF. En la Comisión, el presidente de la ABIF, Segismundo SchulinZeuthen, discrepó del fondo del proyecto destacando la proporcionalidad: “la responsabilidad no sólo cae en el emisor de tarjetas sino en todos los actores intervinientes en la cadena de pago y que el combate contra el fraude sólo será eficaz en la medida que los emisores, los operadores, el comercio, los usuarios y las marcas, tomen medidas para salvaguardar el correcto uso de los medios de pago”.
Recordó los esfuerzos que ha realizado la industria para mitigar el uso fraudulento de los medios de pago como la incorporación de chip y la clave secreta. Respecto del contenido comentó que el plazo de reintegro de fondos (24 hrs.) a los clientes “no permite realizar una investigación seria para determinar responsabilidades”. Propuso abonos provisorios, al menos para montos por sobre las UF 25 para realizar la indagatoria.
Schulin-Zeuthen dijo que “se debe permitir expresamente contracargar al comercio los montos reclamados por los clientes, cuando el comercio haya sido negligente… y contemplar la posibilidad de que las cláusulas de responsabilidad entre el comercio, en especial el de gran tamaño y el electrónico, y los emisores, sea determinada por la autonomía contractual de las partes”.
La Comisión invitará en las próximas semanas a los representantes de las marcas de las tarjetas y expertos en seguridad de tarjeta habientes.
La ABIF recalcó que Chile presenta tasas de fraudes inferiores al promedio mundial (9,8 puntos base) y latinoamericano (13,9 puntos base).
“Cualquier medida restrictiva para el ingreso de extranjeros puede genera condiciones de informalidad”. RODRIGO SANDOVAL Jefe del Departamento de Extranjería PÁG.26