Gobierno logra fusionar proyectos y destraba ley de protección de datos
—Los textos de los parlamentarios y del Ejecutivo, se fusionaron en uno que se verá el miércoles en la Comisión de Constitución del Senado. Titularidad para sancionar es uno de los temas centrales.
Hacienda logró llegar a acuerdos con los parlamentarios de la Comisión de Constitución del Senado en puntos claves como la titularidad para sancionar. Este paso es valorado por los actores de la industria para avanzar más rápido en la nueva legislación.
—El Gobierno y la Comisión de Constitución del Senado lograron llegar acuerdo y fusionar los dos proyectos de protección de datos personales que han sido ingresados este año al Congreso. Así, este proyecto -que toma algunos aspectos del texto legal presentado por el Ejecutivo y otros de la moción parlamentaria del senador (PPD), Felipe Harboe- comenzará a ser visto el miércoles por la Comisión de Constitución del Senado.
Este acuerdo que fue liderado desde Hacienda por la Coordinadora Mercado de Capitales Bernardita Piedrabuena y el asesor Roberto Godoy es considerado como clave tanto por los parlamentarios como por los actores de la industria, ya que con esto se agiliza el avance de la tramitación.
Entre los principales puntos acordados destaca que titularidad para sancionar a organismos públicos y privados quedará establecida en la Agencia de Protección de Datos. Si bien aún quedó pendiente si se incluye o no los datos comerciales, el senador Harboe aseguró que ingresará una indicación sobre este aspecto. Ante esto, el Gobierno optaría por no oponerse. En cuanto a la institucionalidad, no existe acuerdo completo, pero lo más probable es que se mantenga la visión del Ejecutivo de crear una agencia supeditada a la supervisión de Hacienda, ya que sólo la oposición ha cuestionado este punto.
Uno de los actores interesados en que este proceso avance es el vicepresidente ejecutivo del Retail Financiero, Claudio Ortiz, quien considera que “es un importante avance en la regulación de la protección de datos personales. Vemos que el procedimiento que están usando los legisladores de escuchar a la sociedad civil nos genera bastante optimismo, porque enriquece la discusión”. Mientras, el director legal de Equifax, Ignacio Bunster, estima
que “la experiencia internacional demuestra que el tratamiento de datos comerciales de las personas genera beneficios que hoy no están siendo aprovechados en Chile. Avanzar en el tratamiento de la data positiva es clave para permitir mayor inclusión financiera y un acceso más diferenciado y barato al crédito”.
LOS PUNTOS EN CUESTIÓN. Un primer aspecto del proyecto del Ejecutivo que fue cuestionado por el Consejo Para la Transparencia y varios expertos fue que la nueva Agencia de Protección de Datos no tendría la atribución de revisar los casos donde haya una supuesta infracción de organismos públicos, dejando esta tarea a las Cortes de Apelaciones, por lo que su accionar sólo se restringiría al sector privado.
El principal reparo apuntaba a que habría una asime-
tría de garantías entre el sector privado y el público para un mismo caso. Por ejemplo, si una persona con cáncer se hace exámenes en un centro privado, pero se atiende en un hospital, sus datos serán protegidos, en un caso, por la nueva Agencia, y en otro caso, por las cortes, pudiendo haber decisiones contradictorias sobre los mismos. “Creo que plantear un mecanismo de esas características es inaceptable. Sólo hay cuatro países en los cuales la tutela de lo público y privado está separada”, enfatiza el socio de Gutiérrez y Arrieta, Raúl Arrieta.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Felipe Harboe, revela que se acordó con Hacienda que “la Agencia de Protección de Datos va a ser la instancia que conozca la tutela y las
infracciones que cometan los organismos públicos y privados. Y la única diferencia es que cuando corresponda a una sanción de un organismo público, la sanción la va a tener que solicitar la Corte de Apelaciones.
El segundo punto es la institucionalidad donde aún no hay acuerdos, pero los repartos provienen sólo de la oposición, por lo que el proyecto avanzaría en ese sentido.
La tercera materia sustancial es el tratamiento de datos comerciales. En este punto, Harboe adelanta que cuando se abra el plazo de indicaciones, ingresará una para incorporar este tema.
“El mercado tiene que ser quién decida el número de notarías que tiene que haber en un país”. HERNÁN CHEYRE Director del Instituto de emprendimiento de a UDDl PÁG.24-25
“Vamos a presentar algunas indicaciones para incorporar y dejar de manifiesto que hay ciertas regulaciones que se van a aplicar para los datos comerciales”.
FELIPE HARBOE Pdte de la Comisión de Constitución
“Sólo hay cuatro países en los cuales la tutela de lo público y privado está separada”.
RAÚL ARRIETA Socio de Gutiérrez y Arrieta
“Vemos que además el procedimiento que están usando los legisladores de escuchar a la sociedad civil nos genera bastante optimismo, porque enriquece la discusión”.
CLAUDIO ORTIZ Vicepdte ejecutivo de Retail Financiero