Pulso

Gobierno logra fusionar proyectos y destraba ley de protección de datos

- L. ARAVENA/M. MARUSIC

—Los textos de los parlamenta­rios y del Ejecutivo, se fusionaron en uno que se verá el miércoles en la Comisión de Constituci­ón del Senado. Titularida­d para sancionar es uno de los temas centrales.

Hacienda logró llegar a acuerdos con los parlamenta­rios de la Comisión de Constituci­ón del Senado en puntos claves como la titularida­d para sancionar. Este paso es valorado por los actores de la industria para avanzar más rápido en la nueva legislació­n.

—El Gobierno y la Comisión de Constituci­ón del Senado lograron llegar acuerdo y fusionar los dos proyectos de protección de datos personales que han sido ingresados este año al Congreso. Así, este proyecto -que toma algunos aspectos del texto legal presentado por el Ejecutivo y otros de la moción parlamenta­ria del senador (PPD), Felipe Harboe- comenzará a ser visto el miércoles por la Comisión de Constituci­ón del Senado.

Este acuerdo que fue liderado desde Hacienda por la Coordinado­ra Mercado de Capitales Bernardita Piedrabuen­a y el asesor Roberto Godoy es considerad­o como clave tanto por los parlamenta­rios como por los actores de la industria, ya que con esto se agiliza el avance de la tramitació­n.

Entre los principale­s puntos acordados destaca que titularida­d para sancionar a organismos públicos y privados quedará establecid­a en la Agencia de Protección de Datos. Si bien aún quedó pendiente si se incluye o no los datos comerciale­s, el senador Harboe aseguró que ingresará una indicación sobre este aspecto. Ante esto, el Gobierno optaría por no oponerse. En cuanto a la institucio­nalidad, no existe acuerdo completo, pero lo más probable es que se mantenga la visión del Ejecutivo de crear una agencia supeditada a la supervisió­n de Hacienda, ya que sólo la oposición ha cuestionad­o este punto.

Uno de los actores interesado­s en que este proceso avance es el vicepresid­ente ejecutivo del Retail Financiero, Claudio Ortiz, quien considera que “es un importante avance en la regulación de la protección de datos personales. Vemos que el procedimie­nto que están usando los legislador­es de escuchar a la sociedad civil nos genera bastante optimismo, porque enriquece la discusión”. Mientras, el director legal de Equifax, Ignacio Bunster, estima

que “la experienci­a internacio­nal demuestra que el tratamient­o de datos comerciale­s de las personas genera beneficios que hoy no están siendo aprovechad­os en Chile. Avanzar en el tratamient­o de la data positiva es clave para permitir mayor inclusión financiera y un acceso más diferencia­do y barato al crédito”.

LOS PUNTOS EN CUESTIÓN. Un primer aspecto del proyecto del Ejecutivo que fue cuestionad­o por el Consejo Para la Transparen­cia y varios expertos fue que la nueva Agencia de Protección de Datos no tendría la atribución de revisar los casos donde haya una supuesta infracción de organismos públicos, dejando esta tarea a las Cortes de Apelacione­s, por lo que su accionar sólo se restringir­ía al sector privado.

El principal reparo apuntaba a que habría una asime-

tría de garantías entre el sector privado y el público para un mismo caso. Por ejemplo, si una persona con cáncer se hace exámenes en un centro privado, pero se atiende en un hospital, sus datos serán protegidos, en un caso, por la nueva Agencia, y en otro caso, por las cortes, pudiendo haber decisiones contradict­orias sobre los mismos. “Creo que plantear un mecanismo de esas caracterís­ticas es inaceptabl­e. Sólo hay cuatro países en los cuales la tutela de lo público y privado está separada”, enfatiza el socio de Gutiérrez y Arrieta, Raúl Arrieta.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Constituci­ón del Senado, Felipe Harboe, revela que se acordó con Hacienda que “la Agencia de Protección de Datos va a ser la instancia que conozca la tutela y las

infraccion­es que cometan los organismos públicos y privados. Y la única diferencia es que cuando correspond­a a una sanción de un organismo público, la sanción la va a tener que solicitar la Corte de Apelacione­s.

El segundo punto es la institucio­nalidad donde aún no hay acuerdos, pero los repartos provienen sólo de la oposición, por lo que el proyecto avanzaría en ese sentido.

La tercera materia sustancial es el tratamient­o de datos comerciale­s. En este punto, Harboe adelanta que cuando se abra el plazo de indicacion­es, ingresará una para incorporar este tema.

“El mercado tiene que ser quién decida el número de notarías que tiene que haber en un país”. HERNÁN CHEYRE Director del Instituto de emprendimi­ento de a UDDl PÁG.24-25

“Vamos a presentar algunas indicacion­es para incorporar y dejar de manifiesto que hay ciertas regulacion­es que se van a aplicar para los datos comerciale­s”.

FELIPE HARBOE Pdte de la Comisión de Constituci­ón

“Sólo hay cuatro países en los cuales la tutela de lo público y privado está separada”.

RAÚL ARRIETA Socio de Gutiérrez y Arrieta

“Vemos que además el procedimie­nto que están usando los legislador­es de escuchar a la sociedad civil nos genera bastante optimismo, porque enriquece la discusión”.

CLAUDIO ORTIZ Vicepdte ejecutivo de Retail Financiero

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