Asociación de AFP pide modificar límites de inversión en activos alternativos
Asimismo, estiman necesario homologar el tratamiento de inversiones en activos alternativos locales y extranjeros.
—En noviembre debiera estar promulgada la norma que rige la inversión de activos alternativos de las AFP; sin embargo, la norma inicial del regulador causó una serie de críticas en la industria.
La Asociación de AFP presentó sus comentarios en un documento que, eso sí, comienza con un aspecto que no está considerado en la norma: las comisiones de intermediación.
“Si bien las comisiones de administración (...) no es materia del Régimen de Inversiones en consulta, no se puede dejar de mencionar lo importante que son para la inversión en activos alternativos”, destacan.
En esa línea, persisten en el argumento respecto de que si se tienen que hacer cargo de parte de ese costo, se afectará la inversión de las administradoras.
Sobre la norma, destacan que no existe justificación para diferenciar las inversiones locales con las extranjeras. “Lo ideal sería que ambas compitan en igualdad de condiciones con el único fin de lograr la mejor estrategia para los Fondos de Pensiones”.
De manera desagregada, respecto de la inversión en infraestructura vía acciones, comentan que pese a tener una rentabilidad mayor a la renta fija, es menor a la de renta variable, y por tanto debiese tener límites especiales.
“La inversión en infraestructura sólo se podrá efectuar a través del n.4) con un límite de 20% en acciones de sociedad anónima cerrada. Esta opción no es posible de implementar ya que el tamaño de las inversiones que podrán efectuarse no compensa los esfuerzos de formación de equipos especializados”.
En la misma línea, señalan que la inversión vía fondos especializados en infraestructura se limitaría una inversión al 20% de la sociedad anónima cerrada, algo poco atractivo. “Este porcentaje es muy limitado y significaría que los fondos de pensiones no terminen invirtiendo en este tipo de activos. Por ejemplo, el valor de un edificio está entre US$50 millones a US$100 millones y el nivel de deuda por lo general está entre 70% y 85%, por lo que el patrimonio representaría un rango de US$15 millones a US$30 millones y el 20% estaría entre US$3 millones a US$6 millones”.
En esa línea, proponen que se establezca un límite del 49% para la exposición en una sociedad anónima cerrada. Comentan, además, que las principales compañías de seguros y los inversionistas inmobiliarios normalmente compran el 100% de la propiedad y que ser minoritario genera “varios problemas prácticos de administración y conservación de las propiedades”.
Para la inversión vía fondos especializados en real estate, también solicitan un límite que no compita con la renta variable.
Respecto del IVA por las transacciones inmobiliarias, comentan que sería esperable la creación de algún mecanismo que les permita recuperar ese dinero.
En cuanto a la inversión en deuda privada, en materia local comentan que el proyecto “dificulta el acceso a deuda privada local, la que entrega un mayor retorno que la deuda tradicional”, mientras que para la extranjera aseguran que el tratamiento es poco atractivo pues también comparte los límites con la renta variable.
Por último, en cuanto a los fondos de inversión para activos alternativos comentan que los fondos no rescatables que se usan hoy para acceder a activos alternativos “quedarían en una situación desmejorada respecto de la inversión directa en los mismos activos, ya que no se están cambiando e igualando las normas respecto de activos restringidos”.
Considerando los cuestionamientos del sector privado respecto de la norma, la Superintendencia de Pensiones estaría evaluando postergar la puesta en marcha de la norma y ponerla nuevamente en consulta, según informó Diario Financiero.