Traspaso de empleados a honorarios

Si bien es importante mejorar la calidad del empleo generado en el sector público, es todavía más relevante tener en cuenta la eficiencia del aparato estatal.

LA PROMESA del Gobierno de traspasar a varios centenares de trabajadores a honorarios al régimen de contrata se ha enfrentado con problemas no anticipados y a una discusión interpretativa con la Contraloría General de la República. Sin embargo, no se trata sólo de una cuestión legal, sino económica: el paso a contrata significará de todos modos una expansión significativa del gasto estatal en personal.

Si se considera que el aumento de salarios en el sector público ya está por encima del ritmo de reajuste de los privados y por sobre lo sostenible de la economía, queda en evidencia que el Ejecutivo hizo una opción que hace crecer el peso del Estado en el producto. De hecho, según la última información publicada por el INE, las remuneraciones de los trabajadores de la administración pública se elevaron un 10,3% en doce meses, dicho sea de paso, la mayor alza entre todos los grupos. Una preocupación entre los empleados públicos es que han notado una disminución del salario líquido respecto de lo que hoy perciben.

Con todo, hay una cuestión incluso más profunda: la expansión inorgánica (alegal, aunque no ilegal, debido a la falta de legislación específica sobre cargos) de la dotación de funcionarios estatales vía honorarios. Como se sabe, el crecimiento de este modelo de contratación es anómalo y no obedece tampoco a una planificación racional de los recursos humanos que se requieren. Esta práctica significó que el Estado se convirtiera en un “mal” empleador. Todo un contrasentido.

Si bien es importante mejorar la calidad del empleo generado en el sector público, es más relevante tener en cuenta la eficiencia de ese aparato, sobre todo pensando en la modernización del Estado que se necesita.