Mayores costos de implementación traban el proyecto de ley que busca fortalecer el Sernac
La semana pasada, la Comisión de Hacienda del Senado pidió al Ejecutivo un nuevo informe financiero.
—Un largo y pedregoso camino ha seguido el proyecto de ley que fortalece el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en el Congreso y al parecer las últimas barreras que le faltan por atravesar no presentarán un escenario distinto.
Tras tres años de tramitación en el Parlamento, el proyecto de ley comenzó a ser revisado el pasado miércoles por la Comisión de Hacienda del Senado -última instancia antes de que pase a la Sala de dicha corporación para ser votado - y ya se abrió un nuevo escollo en su recorrido.
La Comisión de Hacienda presidida por el senador (PS) Carlos Montes, solicitó al Ejecutivo presentar un nuevo informe financiero consolidado del costo que tendrá el denominado ‘Nuevo Sernac’.
Esto, porque los cinco informes financieros que se han ido adjuntando al proyecto de ley datan de 2014, 2015 y 2016. De ellos, los tres que precisan los costos monetarios de la nueva institucionalidad corresponden a 2014 y no se han actualizado a valores del presente año.
Ello quedó reflejado tras las diferentes cifras presentadas por el Gobierno y los invitados a exponer a la Comisión, como el vicepresidente ejecutivo del Retail Financiero, Claudio Ortiz, y el ex subsecretario de Economía, Tomás Flores. “Hay algunos puntos que no están claros, pero en general es un muy buen proyecto. Había varios informes financieros, por lo que pedimos
que se consolidaran en uno solo. Hay una cierta incertidumbre, pero espero que avancemos y lleguemos a acuerdo rápidamente”, asevera Montes.
En ese sentido, el presidente de la Comisión de Hacienda anticipa que “vamos a reunirnos el lunes (hoy) y el miércoles, y vamos a empezar a ver el proyecto artículo por artículo. Podría ser despachado la próxima (esta) semana”.
En tanto, el otro miembro de la Comisión de Hacienda, senador (RN) José García Ruminot, dijo que también está el problema que el informe financiero no se condice con el costo fiscal que tendría en régimen el nuevo Sernac.
DIFERENCIAS EN COSTOS. Si bien para el Ejecutivo representado por el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes y el director del Sernac, Ernesto Muñoz, la instalación de la nueva institucionalidad del Sernac implicará un costo cercano a $24,5 mil millones, el Retail Financiero y el ex subsecretario de Economía estiman que éste será en torno a $27,3 mil millones, con los valores actualizados a pesos de 2017. Y si a ello se le contempla el funcionamiento del nuevo Sernac, la cifra se eleva a cerca de $38,4 mil millones.
Actualmente el presupuesto del Sernac es de $11 mil millones.Para Flores, esta nueva institucionalidad del Sernac significará un alto costo para el próximo Gobierno que asuma. “Es un monto sustancial. Son como US$50 millones. Con lo apretado que están las finanzas públicas, probablemente al actual y al próximo ministro de Hacienda, tal vez le gustarían darle una vuelta a esto”, considera.
CONSTITUCIONALIDAD. Otro aspecto que se abre como un flanco importante del proyecto es la duda de constitucionalidad que ha planteado el sector privado, experto y parlamentario de oposición. “Lo más peligroso es que se tenga a un director de un servicio que pueda dictar la norma, fiscalizar la norma y que te pueda multar. El hecho de ser juez y parte es lo más peligroso y extraño para nuestro orden jurídico”, sostiene Flores.
De hecho, el senador (UDI) Hernán Larraín hizo reserva de constitucionalidad contra el proyecto a propósito de la facultad normativa que tendría el Sernac en el marco de la Comisión de Constitución. Con todo, el Ejecutivo, tras la sesión de la Comisión de Hacienda del miércoles, puso urgencia inmediata al texto legal para evitar un nuevo entrampamiento.
Esto porque el jueves tuvo lugar otro suceso que podría ser determinante para el
avance de la iniciativa. El ministro Iván Aróstica Maldonado -reconocido por su sensibilidad de centro derechafue elegido por unanimidad como nuevo presidente del Tribunal Constitucional, lo que podría afectar la promulgación del proyecto si es que los parlamentarios de oposición llegan a oficializar un requerimiento ante el TC.