Cuidar nuestras instituciones,
El desafío ahora es aprovechar esta crisis para revisar el tema de las asignaciones parlamentarias, de la contratación e idoneidad de los asesores e incluso de las facultades del Ministerio Público.
POR ESTOS días, no se puede ser columnista en Chile sin escribir algo respecto del caso llamado copy paste. Es que tiene tantas aristas e implicancias, que seguro van más allá de lo que presumiblemente pensaron quienes lo destaparon, que algo hay que decir al respecto.
Hacer informes sin citar fuentes, pagar por asesorías que no son un aporte o disfrazar de asesorías legislativas otro tipo de prestación de servicios, evidentemente está mal. Si un privado quiere comprar con su dinero una bolsa de humo, allá él, pero con recursos públicos, no.
Sin embargo, también está mal caer en la generalización. Porque lo que ha quedado en la opinión pública durante los últimos días es que todos los parlamentarios pagan cifras millonarias por informes copiados desde internet, los que no revisten utilidad alguna. Y eso no es así.
Conozco personalmente a parlamentarios de todas las corrientes políticas que son muy serios. Que estudian los proyectos, que se informan y asesoran adecuadamente antes de tomar una decisión. También conozco asesores legislativos de primer nivel, profesionales, muy preparados, que hacen su trabajo en forma seria y responsable. Por ende, meterlos a todos en el mismo saco es injusto y no corresponde.
Y hay responsabilidades de todos lados. Los parlamentarios de infordor marse como corresponde y contratar asesorías calificadas. Los asesores contratados hacer bien su trabajo y entregar informes que así lo reflejen. La unidad de control de gastos del Congreso Nacional, levantar las alertas en forma oportuna, esto es, antes de hacer los pagos que hoy se cuestionan. La prensa, informar de manera responsable y sin generalizar. Y los fiscales, hacer su trabajo de acuerdo con las atribuciones que les entregan la Constitución y las leyes, sin atribuirse facultades que no tienen, pretendiendo transformarse en un ente fiscaliza- global, de prácticamente cualquier cosa que se les ocurra. Todas estas responsabilidades, mal llevadas, ponen en riesgo nuestra institucionalidad.
Hace rato que la credibilidad de los parlamentarios, partidos y conglomerados políticos está cuestionada por la ciudadanía. Esto evidentemente no ayuda. Adicionalmente, cada día se escuchan más voces decir que los fiscales buscan fama y reconocimiento, usando el cargo como una plataforma.
El desafío ahora es aprovechar la oportunidad generada por la crisis para revisar el tema de las asignaciones parlamentarias, de la contratación de asesores, de la idoneidad de las asesorías e incluso de las facultades del Ministerio Público en la materia.
Por ejemplo, para que no se produzca este tipo de situaciones es que en algunas legislaciones se contempla la prohibición de hacer denuncias e investigaciones en un plazo acotado antes de las elecciones, que puedan ser utilizadas para perjudicar o beneficiar a algún candidato.
Finalmente, es de esperar que toda esta situación también sirva para evidenciar que la responsabilidad de cuidar nuestras instituciones no es sólo de los políticos, sino de todos los actores de la esfera pública, incluida la ciudadanía.