Julián López: “Hay fiscales que prestan más atención a lo que se dice en Twitter que al Código Penal ”
—El penalista asegura que el cierre de la arista penal refleja que la querella del Servicio fue infundada. —Además hace una dura crítica a la Fiscalía, y a las consecuencias que ha tenido el exceso de publicidad de los casos.
Afines de agosto, el Servicio de Impuestos Internos vio como el caso al que había catalogado como el “fraude tributario más grande de la historia de Chile” llegaba a su fin. Ese día, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud del organismo de realizar un juicio oral en contra de la familia Ossandón Larraín por falta de antecedentes. Un año antes, el SII había sufrido otro revés, luego que la fiscalía decidiera no perseverar en la investigación.
Fueron más de tres años de investigación, luego que el Servicio interpusiera una querella contra el matrimonio compuesto por María Soledad Larraín Troncoso y Gabriel Ossandón Valdés, y sus hijos por haber supuestamente defraudado al fisco en más de US$1.000 millones, a través de una seria de reestructuraciones societarias que, a juicio del SII, tenían como fin evadir tributos. Nada de eso fue acreditado en la arista penal. Todo habría sido parte de un problema familiar en el que Manuel Ossandón denunció ante el SII a su hermano por una trifulca patrimonial, terminando el caso en tribunales. Hoy, de hecho, se siguen viendo acciones en instancias civiles y tributarias.
En esta entrevista, el abogado de la familia Ossandón Larraín, Julián López, hace su análisis del caso. El penalista –que también defiende a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín en el caso Penta- realiza, a su vez, un crítico análisis de la fiscalía. “Hay fiscales que prestan más atención a lo que se dice en Twitter que a lo que se dice en el Código Penal”, dispara.
Tras tres años, la arista penal en el caso Ossandón fue desestimada ¿Cuál es su visión ahora de este proceso?
—Mi impresión es que el caso Ossandón es un conflicto familiar y que lamentablemente se desbordó alcanzando ámbitos que nunca debió haber alcanzado. Me parece que aquí hubo de parte del SII la falta de contención de una cuestión que a todas luces era una denuncia que estaba motivada por problemas de carácter familiar, situaciones que tradicionalmente Impuestos Internos había contenido y que en este caso no ocurrió. Por lo tanto, el fin del proceso no hace más que ratificar que esto es así: los hechos que fueron denunciados ante el SII y que incorporó en su querella no fueron siquiera constitutivos de delito.
El SII catalogó el caso como el “fraude tributario más grande de la historia, superando en 27 veces los casos Penta y SQM”. ¿Qué pasó ahí?
—Esa pregunta debiera responderla el SII, pero quisiera recordar que las denuncias ante el Servicio se presentaron en 2011-2012 y desde ahí hasta el 2014, el SII si bien había liquidado impuestos a la familia Ossandón, había decidido no ejercer la acción penal. Fue cuando asume la dirección Michel Jorrat y la subdirección Cristián Vargas que se decide interponer esta querella, cuando faltaban siete días para que se cumplieran los plazos de prescripción. La impresión que me da es que se trata del típico caso en que el organismo que está a cargo de la investigación está convencido de que no tiene un caso sólido, pero finalmente opera con un criterio funcionario de evitar que alguien diga que fue la inactividad del Servicio la que provocó que el delito no pudiera perseguirse.
¿Fue una reacción política?
—Lamentablemente hay ciertos casos que son considerados emblemáticos antes de formularse la investigación solamente por el tipo de conflicto que plantean o el tipo de personas a las que afectan y eso conlleva a veces a que el juicio de valor se produzca antes de la investigación. Las instituciones deben primero juzgar cuál es el mérito del caso y luego determinar si tiene o no la connotación que se le pretende dar.
¿Si no hubiese sido la familia Ossandón, no hubiese pasado esto?
—No puedo hacer esa especulación, pero tengo la impresión de que la forma en que el señor Jorrat se refirió al caso Ossandón, diciendo que se trataba de un caso que estaba durmiendo en los escritorios del SII cuando él llegó, refleja una forma de crítica al trabajo más racional y más ponderado del SII que es absolutamente impropia.
¿Cuál es la justificación para los dineros que acusó el SII?
—La posición del SII sobre el monto de los perjuicios es absolutamente absurda. El SII sostenía que el caso Ossandón se trataba de un conjunto de operación que habían tenido por objeto evadir impuestos, pero sin embargo cuando se pregunta cuánto era el monto evadido, el SII no informaba montos evadidos, sino que montos de impuestos generados por las supuestas operaciones que habían tenido por objeto evadir impuestos. La familia Ossandón lo que sencillamente sostiene es que esas
operaciones no generaron los impuestos que el SII pretende o que esas operaciones van a generar impuestos el día en que los créditos que fueron cedidos se paguen, es decir, ni siquiera está negando que alguna de esas operaciones van a generar impuestos, pero lo que el SII hace es adelantar eso en un momento en el que todavía esos impuestos ni siquiera se han devengado.
¿Y qué es lo que hubo entonces?
—Una reorganización societaria del patrimonio familiar que hasta el día de hoy no ha generado impuestos. Lo que el fin del caso deja en claro es que la familia Ossandón no cometió ninguna ilicitud ni irregularidad y eso es válido, no sólo para la causa penal tributaria, sino que va a ser válido también para las causas tributarias que siguen pendiente.
Todo esto parte el 2011 con una denuncia de Manuel Ossandón, ahora que se cierra este caso, ¿se evalúan acciones legales contra él?
—Eso es algo que la familia no ha evaluado todavía, pero por supuesto que ese tema está pendiente. Lo importante ahora es que se entienda el alcance de las resoluciones que se ha tomado. La acción penal por delitos tributarios acaba de terminar por una decisión de no perseverar y una resolución del tribunal.
Pero el perjuicio causado trasciende cualquier resolución.
—Eso es indudable. El perjuicio que se le causa a cualquier persona cuando se le imputa públicamente un delito y se la expone públicamente, dándole el trato de delincuente es un perjuicio irreparable. Y ese es uno de los graves problemas que tiene la exposición pública de los casos. Las investigaciones preliminares son consideradas como secretas, preciinvolucrado samente porque lo que está en juego es el derecho a la presunción de inocencia que como principio judicial tiene también una connotación en el ámbito de lo público y me parece que hay un déficit en la comprensión de lo que significa el proceso penal a nivel público, de tal manera que tanto por los medios de comunicación como por la gente en general se entiende que una persona es culpable cuando recién la investigación se ha abierto o cuando se ha formalizado.
Pero hoy a la luz de los hechos la presunción de inocencia parece no existir.
—Existe en materia judicial. El problema es que ese principio no está internalizado a nivel de opinión pública, a tal punto de cuando el juez toma la decisión de declarar que no satisfacen los requisitos para que una persona sea condenada, muchas veces esa resolución es incomprendida públicamente, porque ya se ha establecido previamente el juicio de que esa persona es culpable. Entonces si lo plantea a nivel de comprensión pública estoy de acuerdo en que hay una debilidad institucional y cultural en Chile acerca de cuáles son los alcances de ese principio.
Da la sensación que a nivel de ciertos fiscales tampoco está muy clara la presunción de inocencia. Uno ve fuertes declaraciones sobre personas previo a la formalización.
—Estoy de acuerdo. Lamentablemente los fiscales han detectado la importancia que tiene para el éxito de sus asuntos en lo inmediato la repercusión pública de los casos que plantean y en muchas ocasiones esa repercusión pública es usada a favor de la estrategia judicial para conseguir que haya una mayor intensidad en la persecución, frente a lo que sería un caso normal. Los abogados defensores estamos lamentablemente acostumbrados a darnos cuenta que cuando llegamos a una sala de audiencia donde contamos con la presencia de cámaras, las decisiones tienden a ser distintas de lo que son cuando el asunto se tramita sin presión de la opinión pública.
¿Eso favoreció el caso Ossandón?, porque más allá de que haya salido en la prensa no fue tan bullado como otros casos.
—Aquí hay dos cuestiones. Es verdad que este caso tuvo menos connotación pública que otros casos que han actividades similares de la fiscalía, pero al mismo tiempo es un caso en que la insuficiencia de prueba y la debilidad de las imputaciones era tan alta que en realidad costaba mucho construirlo como un caso que pudiera ser visto desde el punto de vista de la opinión pública como un caso evidente. Al contrario, pienso que este caso no debió haber llegado jamás a la instancia de ser convertido en una querella penal.
¿Hay que sacar a las cámaras de las salas de audiencia?
—Absolutamente. La publicidad del sistema de administración de justicia penal es una publicidad que está asociada al desarrollo de las audiencias en el sentido de lo que se hace en un tribunal no se haga entre cuatro paredes, eso se cumple perfectamente permitiendo la presencia del público y los periodistas para que reporten qué es lo que ocurre, pero la exposición primero de los antecedentes de la investigación que legalmente son reservados y luego la exposición pública que no tiene que ver ya con lo que ocurre en la sala de audiencia sino con convertir la audiencia en un espectáculo público, son cosas que distorsionan la forma en que se administra justicia. Lo que me parece que estamos viendo hoy es que hay fiscales que miran con mucha mayor atención cuáles son las demandas de la opinión pública a cuáles son las demandas de la justicia. Es decir que los fiscales prestan más atención a lo que se dice en Twitter que a lo que se dice en el Código Penal y esa es una cuestión que amerita una reflexión interna profunda.
¿Qué se hace con los fiscales que tienen agenda propia?
—El Ministerio Público tiene herramientas suficientes para lidiar con ese problema, pero requiere demostrar voluntad para hacerlo.
Dado el hecho de que hoy hay personas que tildadas de culpables previo a la formalización. ¿No es más fácil asumir todo y llegar a acuerdo con la fiscalía?
—Es indudable que la expectativa de exposición pública constituye uno de los factores que hoy los clientes están tomando en consideración cuando deciden aceptar salidas negociadas en el marco del procedimiento penal. Uno de los problemas que acarrea una exposición pública indebida es que por la vía de esa presión las personas terminan renunciando al derecho que tienen efectivamente de ejercer su defensa.
¿Qué lecciones puede sacar el sistema del caso Ossandón?
—La primera es que los órganos públicos deben tener cuidado con no criminalizar conflictos que no tienen una naturales penal. La segunda, es que la intención de evitar ser cuestionados por cuestiones formales como son la inactividad a través de la presentación de querellas infundadas es un muy mal negocio para las instituciones desde el punto de vista de su credibilidad. Y creo que la tercera lección es que es un arma de doble filo pretender exponer ante la opinión pública con la intención de obtener prejuzgamiento cuestiones que deben ser resueltas por tribunales.
A raíz de este caso, ¿El SII debiera perder la manija de activar las querellas tributarias?
—Ese es un ámbito en el que prefiero no opinar.
¿Pero no ha habido un abuso del SII?
—En este caso lo hubo indudablemente.
¿Y en otros?
—Eso prefiero no juzgarlo.
PUGNA
“Mi impresión es que el caso Ossandón es un conflicto familiar y que lamentablemente se desbordó alcanzando ámbitos que nunca debió haber alcanzado”.
FISCALES CON AGENDA PROPIA
“El Ministerio Público tiene herramientas suficientes para lidiar con ese problema, pero requiere demostrar voluntad para hacerlo”.
VISIÓN DE LA FISCALÍA
“Hay fiscales que prestan más atención a lo que se dice en Twitter que a lo que se dice en el Código Penal”.