Equipo económico y prioridades legislativas
La dupla Eyzaguirre-Rodríguez debe definir su posición sobre mociones que no contaban con apoyo del ex ministro Valdés.
LA RECIENTE salida de los ministros del equipo económico Rodrigo Valdés y Luis Felipe Céspedes, sumada a la renuncia del subsecretario de Hacienda Alejandro Micco, no sólo provocaron una nueva crisis política en el Gobierno y en la Nueva Mayoría, sino que también han generado incertidumbre respecto del derrotero que seguirán en el Congreso los principales proyectos que deben tramitar las carteras de Hacienda y Economía en los poco más de cinco meses que restan de actividad legislativa.
En primer lugar, la dupla de Nicolás Eyzaguirre y Jorge Rodríguez Grossi deberá definir su postura respecto de mociones parlamentarias que no contaban con el respaldo del ex ministro Valdés, como es el caso del proyecto presentado por el diputado comunista Daniel Núñez, que modifica la legislación sanitaria en materia de servicios no regulados, y que hoy se encuentra paralizado en su segundo trámite constitucional en el Senado; el segundo intento de otorgar gratuidad en el servicio de estacionamientos, propuesto por la DC, y que avanza en la Cámara de Diputados sin la venia del Ejecutivo; el proyecto que endurece la legislación del tabaco (promovido por el senador Guido Girardi) o la llamada “agenda laboral oculta”, que sigue su curso en la Comisión de Trabajo.
Por otra parte, se deben tomar definiciones respecto de proyectos que afectan directamente el desarrollo de los mercados. Ejemplo de aquello son la reforma del Sernac, la que debería ser votada en la sala del Senado en el mes de octubre, y que cuenta con la férrea oposición del sector privado, al concentrar en un solo órgano de carácter unipersonal las funciones de fiscalizar, mediar, normar, interpretar, sancionar y demandar; la modernización de la legislación bancaria, que cuenta con apoyos transversales para homologar nuestra legislación a los requerimientos de Basilea III; la creación del Fondo de Infraestructura, que busca fortalecer las concesiones de obras públicas; la gratuidad en la educación superior hasta el sexto decil, que compromete los intereses fiscales del país; la reforma del Código de Aguas (que busca cambiar la naturaleza de los derechos de aguas), la nueva normativa de bioequivalentes contenida en el proyecto “Fármacos II”, y la Reforma Previsional, proyecto prioritario para el Ejecutivo y que ha generado diversas críticas, ya sea por el destino del 5% adicional como por el impacto en el empleo que podría llegar a tener.
EL EJECUTIVO debe enviar prontamente dos proyectos de ley que comprometen de manera importante las ya deterioradas arcas fiscales. A fines de este mes, se debe presentar la Ley de Presupuestos para el año 2018. Las estimaciones señalan que el Presupuesto no debería crecer más de un 3% real.
El ministro Eyzaguirre debe definir si plantear un Presupuesto austero -acorde con estas estimaciones-, que no aumente la deuda pública, o si expande el gasto. De sus primeras declaraciones, se desprende que se ajustará a las expectativas del mercado, atendido el deterioro de las finanzas públicas. Por su parte, especial relevancia juegan los fondos de libre disposición, considerando que habrá cambio de Gobierno. Recordemos que el Gobierno anterior dejó cerca de US$600 millones para este fin. Asimismo, hacia finales de año, se presentará el reajuste de remuneraciones del sector público, cuyos dirigentes ya han anunciado su pretensión de que les aumenten en un 6% real sus salarios. Esta es una prueba de la mayor importancia para el Ministerio de Hacienda, considerando los costos que debió pagar el ex ministro Valdés el año pasado por no ceder a las presiones y mantener en 3,2% real el reajuste salarial.
En este momento, son más las dudas que las certezas. Muchos de los proyectos mencionados, de aprobarse, generarán aún más incertidumbre en los mercados y aumentarán la deuda pública de Chile, afectando directamente el desarrollo económico del país.
Está en manos del nuevo equipo económico del Gobierno disipar aquellas dudas y proponer una agenda legislativa alineada con las expectativas de mayor crecimiento y mayor dinamismo de nuestra economía, que permitan, en el corto plazo, atraer inversiones, y por consiguiente, mejorar la calidad del empleo y el monto de los salarios.