Reactivar las obras de Estado
El crecimiento y el medioambiente se han puesto en el centro de la discusión y eso es un avance importante en lo que debe ser la formulación de políticas públicas que apunten en esa dirección.
AL PARECER, el episodio Dominga puede tener una derivada positiva para el país. Luego de la renuncia del equipo económico del Gobierno y que las nuevas autoridades asumieran se produjo una serie de declaraciones, por parte de diferentes personalidades ligadas a la economía y a la política, en las cuales se coincidía en que el país requería volver a crecer con fuerza y que ese crecimiento no podía ir en contra del medioambiente.
Crecimiento y medioambiente se han puesto en el centro de la discusión y eso es un avance importante en lo que debe ser la formulación de políticas públicas que apunten en esa dirección.
Como CPI hemos sostenido que para volver a crecer con fuerza, además de las medidas de tipo macro económicas que habrá que precisar y de los esfuerzos por aumentar los niveles de productividad en las empresas, es fundamental aumentar el ritmo de inversión en infraestructura.
Es preciso reconocer que el actual Gobierno ha hecho un esfuerzo importante por avanzar en esta dirección. El programa de pavimentación básica de caminos secundarios ha sido muy importante al aumentar los metros lineales de 1.200 km/año a más o menos 3.000 km anuales, lo cual debería tener un impacto muy importante en productividad y calidad de vida de las zonas favorecidas.
De igual forma, el impulso que se les ha dado a las licitaciones de proyectos de concesiones también debería tener un impacto positivo, una vez que las adjudicaciones se traduzcan en obras y estas comiencen a prestar los servicios para los que fueron diseñados. Los casi US$5 mil millones en obras adjudicadas, que se espera lograr este año, representan aproximadamente el 2% del PIB.
Poner en ejecución esas iniciativas será tarea fundamental en los próximos meses, sin poner en cuestión el impacto ambiental que estos proyectos pueden tener. Para ese efecto será fundamental que el mandante, en este caso el Estado, reconozca que son obras de interés público y que, por lo tanto, asuma su responsabilidad en la identificación de los efectos ambientales que estas puedan tener, defina las medidas de mitigación y compensación con la mayor rapidez posible y, si fuera necesario, compense a las empresas adjudicatarias por los aumentos de costos que puedan tener los proyectos, y por el aumento de plazos a que puedan dar lugar las tramitaciones adicionales a que estas estén sometidas.
Es el caso al menos de la autopista Américo Vespucio I, del Hospital Geriátrico El Salvador, del Terminal 2 del puerto de Valparaíso. En la medida que se destraben a la brevedad las restricciones que hoy impiden que estos proyectos se pongan en marcha, será posible diseñar los mecanismos para evitar que aspectos que hasta hoy han retrasado la puesta en marcha de obras de envergadura que son de Estado y que están orientadas fundamentalmente a servir, se puedan iniciar a la mayor brevedad posible para que estén disponibles para la comunidad.
Demorar la entrada en operación de esas iniciativas tiene grandes costos para el país; por alguna razón el Estado las ha identificado como necesarias para mejorar nuestra oferta de servicios.