Sólo el 15,3% de las audiencias realizadas en municipios son registradas por ley del lobby
Estudio de Fundación Multitudes señaló, además, que el 25,1% del total de las audiencias del país corresponden a beneficios sociales.
—Hace casi tres años que se encuentra en vigencia la “ley del Lobby”, cuyo origen se remonta al primer Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, a través de la “Agenda de Transparencia y Probidad” (2006). Luego de la presentación del proyecto de ley, la normativa se promulgó el 8 de marzo de 2014, pero recién entró en vigencia el 28 de noviembre de ese año.
Sin embargo, la ley primero fue implementada en ministerio y servicios, para después ampliarse a gobierno regionales en el 2015 y finalmente a los municipios en agosto del mismo año.
En ese contexto, la Fundación Multitudes realizó un estudio que arrojó que más del 80% de las audiencias que se realizan en las municipalidades a nivel nacional, no son objeto de la ley del lobby, mientras que sólo 15,3% de las audiencias otorgadas corresponden a objeto de lobby.
De acuerdo a lo informado por el estudio, el lobby es una actividad realizada por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras. Su propósito es promover, defender o representar cualquier interés particular, para influir en las decisiones que deban adoptar las autoridades como los alcaldes respecto de los actos y decisiones reguladas por la ley. Cabe destacar que el “lobbista” se diferencia de quienes también realicen actividades de promoción de un interés particular, ya que
Bajo ese escenario, el director de la Fundación, Jaime Ibarra, reconoció que hay asuntos que podrían ser calificados como audiencias de lobby que se dan de manera informal. “La ley no se extiende a conversaciones telefónicas o vía mail, tampoco a los encuentros casuales que un alcalde pueda tener en la calle o en reuniones en terreno”. De este modo, si bien desde la fundación rescatan la normativa, advierten que existen una serie de elementos que no permiten que la ley pueda cumplirse correctamente.
En primer lugar, Ibarra aseguró que no se puede comprobar la igualdad de trato. “Si bien existe un mecanismo formal para ver las audiencias, no hay un mecanismo para ver las audiencias rechazadas y el motivo por el cual se rechazan”.
En consecuencia, no se puede comprobar la igualdad de trato al momento de solicitar audiencias. Es decir, si se conceden audiencias de la misma materia, tanto a ciudadanos comunes como a privados.
Por otra parte, el informe indicó que es necesaria una capacitación respecto de la ley en los organismos públicos. “Esto porque las municipalidades son las que tiene mayor cantidad de audiencias que no corresponde a la ley (86% de sus audiencias no corresponde a materia de Ley), y no saben cómo aplicar la ley para poder hacer un uso correcto de ella”, explicó Ibarra.