Proyecto UDI busca indemnizar a víctimas de terrorismo en la Araucanía
La reforma constitucional entrega responsabilidad al Estado en estos hechos.
—Más de 700 actos de violencia desde 2014, 198 artefactos explosivos instalados desde 2005 y más de 100 imputados por la Ley Antiterrorista. Esas son las cifras del conflicto en la Araucanía y otras regiones del sur de Chile, que maneja la UDI como fundamento para un proyecto de reforma constitucional que busca que el Estado indemnice a las víctimas de delitos terroristas en el país.
“En Chile y en especial en la Araucania, el Estado de derecho está debilitado al máximo producto de la impunidad con la que han actuado grupos terroristas que reconocen a la violencia como un método legítimo de protesta y lucha”, aseguró el diputado UDI Gustavo Hasbún, candidato al Senado por la región.
El proyecto que fue desarrollado por la fundación Jaime Guzmán se basa en la responsabilidad del Estado en “la comisión de delitos de ese carácter” y que éstos constituyen “la indefensión más grave dentro del orden interno de una sociedad”. El documento, que además considera como un fracaso la llamada Ley Antiterrorista, recalca que al ocurrir un acto de este tipo hay una falta de servicio por parte del Estado al no “resguardar la
“Los delitos terroristas constituyen la indefensión máxima a la seguridad de las personas”. FELIPE WARD Jefe de lbancada UDI
“En especial en la Araucania, el Estado de derecho está debilitado al máximo”. GUSTAVO HASBÚN Diputado UDI
seguridad” de las personas.
“Los delitos terroristas constituyen la indefensión máxima a la seguridad de las personas y es obligación del Estado responder a las víctimas de este tipo de hechos”, aclaró el jefe de la bancada UDI, Felipe Ward.
La propuesta intenta modificar la Constitución agregando un inciso al final del artículo 9º que se refiere a que el terrorismo es por “esencia contrario a los derechos humanos”.
El proyecto que presentará la bancada UDI considera agregar la siguiente frase con el fin de consagrar la responsabilidad del Estado por la comisión de este tipo de actos.
“Una vez que la sentencia condenatoria se encuentre firme y ejecutoriada, toda persona que hubiese sido víctima de un delito que la ley califique de conducta terrorista, tendrá derecho a ser indemnizada por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. La indemnización será determinada judicialmente en procedimiento breve y sumario, y en él la prueba se apreciará en conciencia”.
El documento estudiado por la UDI considera además otro proyecto para un registro de organizaciones de carácter terrorista que se propone incluir en la Ley 18.314. Este listado podría ser similar al que utiliza el Departamento de Estado de Estados Unidos llamado Foreign Te-
rrrorist Organizations (Organizaciones Terroristas Extranjeras),el cual es revisado cada cinco años e, incluso, entrega la posibilidad de que la misma agrupación resaltado en el registro pueda presentar una solicitud de revocación.