Rohingya: la limpieza étnica contra 450 mil musulmanes en Myanmar
Aung San Suu Kyi, Nobel de la Paz y líder de facto de Myanmar, dice desconocer las razones del éxodo.
La comunidad internacional se ha limitado a condenar los hechos. Human Rights Watch pide sanciones.
AGIDA de 35 años duerme con sus cuatro hijos en un campamento de refugiados de Bangladesh, lleno de basura y ropa desechada. “No es lugar seguro para ellos”, relata con un tono de desesperación a funcionarios de la Agencia de la ONU para los Refugiados. “Alguien podría llevárselos mientras duermo”.
La situación de esta familia no dista de la que enfrentan cerca de 450 mil personas, que huyen desde Myanmar (o Birmania) en medio del brutal proceso de limpieza étnica y religiosa contra los Rohingya, una minoría musulmana en una nación mayoritariamente budista.
La “operación de liquidación”, como la llamaron los militares birmanos, ha dejado a su paso alrededor de 400 muertos, en medio de ataques indiscriminados contra los musulmanes, luego que el 25 de agosto un grupo de Rohingya atacara 25 puestos de policía, matando a una docena de oficiales de seguridad en Rakhine, un estado oriental del país.
Incendios intencionales de aldeas, asesinatos, golpizas y violaciones se cuentan entre los vejámenes que sufre la minoría confortar mada por cerca de 1,1 millones de personas, que ha enfrentado por años la represión del Estado.
En 1982, el gobierno los despojó de su ciudadanía y en 1991 el ejército lanzó una operación que permitía el trabajo forzado, la violación y la supresión religiosa. En los años recientes, los Rohingya han enfrentado numerosas restricciones legales, entre ellas la necesidad de un permiso legal para que las parejas se casen, viajen más allá de su ciudad natal o se muden a una nueva.
Pese a esto, la radicalización tardó y recién comenzó a tomar forma el año pasado, desatando una barbárica respuesta no sólo contra militantes organizados, sino que contra toda la población que ahora huye en masa hacia Bangladesh, donde no han encontrado un mejor destino.
Sus vecinos del norte no cuentan con la capacidad de darles albergues apropiados, por lo que el hambre y las enfermedades se esparcen entre los recién llegados.
Así, la mayoría de los refugiados, como Agida y su familia, viven en campamentos informales y asentamientos improvisados, pegados a las laderas y a lo largo de carreteras muy transitadas.
“Pensamos que estaríamos a salvo aquí”, reconoce Jane Alamm a funcionarios de la ONU, tras rela- el ataque de elefantes que sufrió su familia y que dejó a dos muertos y siete lesionados, dando muestra de los múltiples peligros que enfrentan tras dejar atrás la violencia que padecieron en su tierra natal.
Cuestionado Nobel de la Paz
La crisis humanitaria que sufre Rohingya ha abierto el debate en torno a la figura de Aung San Suu Kyi, la líder de facto de Myanmar que recibió el Nobel de la Paz por la lucha contra la dictadura de su país en 1991, reconocimiento que algunos creen que dejó de merecer dada su débil respuesta a la violencia contra los musulmanes.
Durante las primeras semanas de los ataques optó por el silencio, abordando el asunto por primera vez el miércoles pasado con un discurso ambiguo en el que señaló desconocer las razones del éxodo. “Queremos descubrir por qué se está produciendo”, indicó, agregando que la mayoría de las aldeas musulmanas “están intactas” y que “Myanmar no teme al escrutinio internacional y está comprometida a traer paz y una solución duradera”.
Desconociendo las responsabilidades del gobierno, el sábado aseguró que el país estaba preparado para el retorno de los perseguidos, que ante la falta de garantías los Rohingya siguen huyendo hacia Bangladesh.
De hecho, ayer Human Rights Watch (HWR) emitió un informe en el que acusa a las fuerzas de seguridad birmanas de cometer crímenes de lesa humanidad. “Las masacres de los aldeanos y los incendios provocados por las masas que conducen a la gente de sus hogares son todos crímenes contra la humanidad”, sostuvo James Ross, director legal y de políticas de la ONG.
En ese marco, HRW llamó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a las grandes potencias mundiales a imponer de manera urgente sanciones y un embargo de armas contra el Ejército birmano.
Hasta el momento, la comunidad internacional se ha limitado a condenar los hechos. El jueves Nikki Haley, embajador de las Naciones Unidas, señaló que Donald Trump estaba “muy preocupado” por la situación, mientras que el secretario de Estado, Rex Tillerson, se comunicó con Aung San Suu Kyi para preguntarle sobre el asunto. El presidente francés, Emmanuel Macron catalogó la crisis como un “genocidio” e indicó que se debe “condenar la purificación étnica que está en marcha y actuar”.
Por otra parte, James Slack, vocero de la primera ministra británica Theresa May, informó que el Reino Unido decidió terminar los entrenamientos al ejército birmano hasta que se solucione la crisis. “Hemos condenado lo que ha estado sucediendo desde el principio. Lo que está sucediendo simplemente no puede continuar”, indicó.P