La mejor inversión privada, la inversión social,
A partir de la muerte de Lisette se ha destapado una realidad que por dramática e impactante ha puesto en la retina que lo impresentable es que los niños sean vulnerados en sus derechos.
APOCO MÁS de una semana de presentado el Presupuesto, no olvidamos la esperanza que nos generó la Presidenta de la República hablando a través de cadena nacional. Salud, educación e infancia, los temas principales. Aun cuando algunos no compartamos la gratuidad universal para la educación superior, no deja de ser una buena noticia que al menos en el discurso, los niños estén dentro de las prioridades.
El aumento en 24% de la subvención a los organismos privados colaboradores del Sename es un paso. Insuficiente aún, pero es un comienzo. Así se comentó en el seminario organizado por el Hogar de Cristo en que estuvieron presentes seis de los ocho candidatos presidenciales. Al menos por la mayoría. Porque Beatriz Sánchez dijo que los organismos colaboradores deberían cerrar y que toda la responsabilidad debía asumirla el Estado. Es esperable que la candidata del Frente Amplio no haya sabido que más del 90% de los niños son atendidos por organismos privados y que los centros administrados directamente por el Estado son muchísimo más ineficientes en el gasto y menos efectivos en los resultados.
De hecho, la experiencia internacional nos muestra que países que originalmente proveían directamente estos servicios están migrando hacia un sistema donde los privados ejecutan y el Estado evalúa y fiscaliza (justo lo contrario a lo propuesto por Beatriz Sánchez). Esto ya que se ha probado que los privados pueden proveer estos servicios de modo más flexiresante ble, eficiente y atingente a las necesidades de los niños. Así, los estados asumen sus limitaciones y se restringen a financiar y fiscalizar, permitiendo que los privados hagan lo que ellos hacen mejor y en lo que son expertos. Es más, cuando los programas son más riesgosos y requieren una inversión mayor, países como Australia han empezado a emitir bonos de impacto social, para políticas preventivas que se consideran una inversión social. Esto implica que, en casos de intervenciones caras, que no puede financiar el Estado, se emiten estos instrumentos financieros a cuyo vencimiento se le devuelve la plata al inversionista, con intereses. Esto siempre que el programa haya sido efectivo de acuerdo con métricas de éxito establecidas previamente y que generen un impacto social que implique un ahorro para el Estado.
Para el caso de la protección de la infancia esto podría ser un modelo inte- de explorar. A partir de la muerte de Lisette se ha destapado una realidad que por dramática e impactante ha puesto en la retina de parte de la opinión pública que lo impresentable es que los niños sean vulnerados en sus derechos (e incluso se lleguen a morir) en los centros del Sename. Pero cuando los niños llegan al Sename ya hemos fallado como sociedad. Que los niños no sean vulnerados es el mínimo; que sean tratados ellos y sus familias hasta producirse la reunificación familiar o entregarles a los niños y jóvenes las herramientas necesarias para una vida independiente adecuada, debería ser la meta a mediano plazo; y la meta a largo plazo, desarrollar las políticas preventivas y alertas tempranas necesarias para que ojalá ningún niño llegue al sistema. Eso es realmente inversión con impacto social.
Para que esto suceda, la responsabilidad es de todos. Del Estado y de los privados, porque la alianza público privada no sólo ha demostrado ser más eficiente y efectiva que la administración directa del Estado, sino que también porque le hace bien a la sociedad involucrarse. También es responsabilidad de las familias, que tienen el deber y derecho preferente de educar a sus hijos. Finalmente, si nos limitamos a exigir al Estado que intervenga, tendremos una sociedad que no se involucra con los más necesitados. Una sociedad egoísta, con el alma vacía.