Espacio Público plantea que el TDLC sea el que zanje disputas entre el Sernac y reguladores
Planteamiento es parte de una serie de propuestas del think tank para enriquecer los debates programáticos de la candidaturas presidenciales. Proyecto del Ejecutivo que está a punto de salir del Congreso no considera dicha instancia de resolución de contr
—Hoy la Cámara de Diputados revisará el proyecto que fortalece el Sernac. De ser aprobado la iniciativa quedaría a un paso de convertirse en ley después de más de tres años de tramitación. Pero no por ello el debate se terminará. Por esta razón, Espacio Público elaboró la propuesta “Mercados: hacia una mayor protección de los consumidores”, que apunta a perfeccionar la actual institucionalidad, regulando posibles abusos del mercado en materia de protección al consumidor.
“Dado que el Sernac carece de herramientas disuasorias suficientes y de formas eficaces de resolver conflictos que afectan a una gran cantidad de chilenos, especialmente en el ámbito de sus intereses individuales, no existen verdaderos incentivos para que las empresas adopten buenas prácticas y cumplan con la ley. Es necesario fortalecer al Sernac para que cuente con atribuciones reales y efectivas para defender los derechos de los consumidores, y procure una protección más moderna, ágil y eficiente, esto es, un Sernac con verdaderos “dientes”, dice la propuesta N°12 del think tank ligado a la centroizquierda, que surge en medio del debate programático de las candidaturas presidenciales y de la reforma legal al Servicio.
En esa línea, el planteamiento de EP coincide con los lineamientos del proyecto de ley del Gobierno, que dota al Sernac con las facultades de fiscalización, sanción, interpretación y normativa. Sin embargo, respecto de esa última potestad el centro de estudios plantea algunos ajustes adicionales en materia de coordinación regulatoria y resolución de controversias.
Se propone un mecanismo de consultas recíproco, que implica que tanto el Sernac como los organismos sectoriales tienen el deber de solicitar al otro su opinión técnica y fundar sus decisiones regulatorias, siguiendo criterios OCDE sobre análisis de impacto. “Esto también permitirá velar por la consistencia regulatoria entre los distintos mercados”, precisa el informe. El proyecto de ley del Ministerio de Economía dice que el Servicio, previo a la dictación de normas e instrucciones generales, deberá contar con un informe favorable del o de los reguladores respectivos, lo que implica mantener la primacía de las normas sectoriales sobre las de protección al consumidor.
Una de las principales innovaciones de la propuesta de Espacio Público es la creación de una instancia de solución de controversias, donde la resolución de diferencias regulatorias descansa en última instancia en una autoridad política -de orden económico, quien deberá resolver fundadamente. “Podría radicarse la disputa en un tribunal, como el Tribunal de Defesa de la Libre Competencia (TDLC)”, plantea el estudio. La actual reforma del Gobierno tampoco incluye este punto.
Espacio Público propone que toda normativa o interpretación de ella debe ser sometida a un proceso de consulta pública con el fin de recabar observaciones y sugerencias sobre su conte- nido y efectos, además de incorporar la exigencia de evaluaciones ex ante de impacto regulatorio, según una metodología pública y consistente.
“Aspiramos a que las propuestas sean consideradas por las candidaturas de nuestro sector político (centro izquierda), pero también pensamos que pueden ser recogidas por otros candidatos”.
MAURICIO DUCE Presidente Espacio Público
“LEON CON DIENTES”. La propuesta está basada en el Informe de Políticas Públicas N°01, también de Espacio Público, “Hacia una sociedad sin abusos: propuestas para una protección eficaz de los consumidores”, publicado en agosto de 2013 y cuyos autores son Eduardo Engel, Andrea Repetto y Ernesto Muñoz (actual director del Sernac); y el Informe de Políticas Públicas N°06 del centro de estudios, “Aclarando las reglas del juego: propuestas para mejorar la coordinación entre el Sernac y los reguladores sectoriales”, publicado en julio de 2015 y cuyos autores son los economistas Eduardo Engel y Diego Pardow.
El primer estudio fue el principal insumo teórico para la propuesta del programa de gobierno de Michelle Bachelet, que luego se materializó con el envío en junio de 2014 de la reforma legal al Sernac.P Previo a esta propuesta, Espacio Público planteó críticas a la facultad normativa que consideraba el proyecto del Gobierno que se tramitaba en el Senado.