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Institucio­nalidad de futura Agencia de Protección de Datos no cumple con estándar UE

Expertos llaman a perfeccion­ar proyecto de ley que crea esta institucio­nalidad y se garantice su independen­cia del Ministerio de Hacienda.

- LUCY ARAVENA

—El proyecto de ley que crea la Agencia de Protección de Datos Personales, que se encuentra en la Comisión de Constituci­ón del Senado y que ha sido calificado por el propio Gobierno como prioritari­o, está siendo mirado con detención por expertos y ONGs.

Y es que si bien la iniciativa legal estaría cumpliendo con el estándar de los países de la Organizaci­ón para la Cooperació­n y el Desarrollo Económicos (OCDE) no lo estaría haciendo con las exigencias de la Unión Europea (UE), bloque comercial importante para las empresas dedicadas al tratamient­o de datos en el país.

El problema se centra en el menor nivel de autonomía que tendría la Agencia de Protección de Datos al depender del Ministerio de Hacienda respecto de la exigencia de la UE.

El presidente del Consejo para la Transparen­cia, Marcelo Drago, alertó que el estándar internacio­nal apunta a un órgano realmente autónomo. “No me explico por qué se insiste en un sistema que es una dependenci­a del Ministerio de Hacienda, sin ningún grado de autonomía jerárquica. Se habla de autonomía técnica, pero en el momento en que la jefatura de la Agencia tenga que rendirle cuentas a un superior de la cartera, no es autónoma”, acota.

Sin embargo, Drago es optimista respecto a eventuales ajustes sobre el proyecto de ley. “Creo que esto tiene que revisarse en el tiempo que viene con un nuevo Parlamento y un nuevo Ejecutivo. Creo que se dará el espacio para revisar la materia”, enfatiza.

Para Drago, el Consejo para la Transparen­cia debe hacerse cargo de la tutela de la protección de datos personales como ocurre en otros países, como Inglaterra, México, Uruguay y Argentina.

Sin embargo, tanto la presidenta de la Fundación Datos Protegidos, Romina Garrido, como el presidente del Instituto Chileno de Derecho y Tecnología­s, Raúl Arrieta, consideran que el Consejo para la Transpa-

para la Transparen­cia quiere resguardar los datos personales debe reestructu­rarse. rencia no debería quedarse con la autoridad de la protección de datos Personales en Chile, salvo que tenga una completa reestructu­ración y que, entre otros aspectos, se modifique la forma en que se nombran a sus consejeros, los que actualment­e son designados tras una negociació­n entre el Ejecutivo y el Senado.

“En México es un órgano constituci­onalmente autónomo que tiene estos dos roles de protección de datos y de acceso a la informació­n pública, pero en Chile el Consejo para la Transparen­cia no es un organismo totalmente independie­nte, pues depende del Gobierno a través de la Secretaria General de la Presidenci­a y no todos los organismos están bajo su supervigil­ancia”, apunta Garrido.

Aunque Arrieta y Garrido sí concuerdan con Drago en que se debe avanzar en el nivel de autonomía de la Agencia de Protección de Datos desafilián­dola de Teatinos 120. “Creo que en el articulado que está propuesto se debe excluir lo que tiene que ver con la supervigil­ancia del Ministerio de Hacienda”, afirma Arrieta.

Ambos destacan que la Agencia si logra un mayor grado de autonomía podrán sancionar la infracción relacionad­a con la protección de datos tanto de los privados como de los organismos públicos, lo cual no ocurre en el proyecto de ley, pues no tiene facultad de castigar a los órganos que manejan datos del aparato estatal.

Finalmente, todos concuerdan en que si no se aumenta el grado de autonomía de la futura Agencia de Protección de Datos, Chile se verá obligado a negociar de forma individual con cada país de la UE lo que hará el desempeño de las empresas nacionales del sector más burocrátic­o y menos competitiv­o.P

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