Cataluña: el incierto impacto de la incertidumbre
Opinión
MEDIR EL impacto económico del escenario de tensión en Cataluña es difícil. Una de las formas en que se ha tratado de hacer esto es a través de la construcción de índices que intentan calibrar el nivel de incertidumbre que viven empresas y familias. Una vez hecho esto, se puede aislar el efecto que hayan tenido sobre el PIB, eventos que en el pasado hayan generado niveles de preocupación en la sociedad similares a los observados hoy. Parece ingenuo pensar que los sucesos de las últimas semanas no tendrán un efecto sobre la actividad doméstica.
Los datos más recientes de actividad apuntan a que durante el cuarto trimestre del año el PIB au- mentaría entre el 0,8% y el 1,0% (respecto al trimestre anterior), en línea con la tendencia observada los últimos tres años. Esto significa que el punto de partida es de solidez, con un crecimiento anualizado por encima del 3%. En todo caso, distintos factores podrían ralentizar el avance de la actividad económica.
El entorno político en Cataluña ha contribuido a aumentar la incertidumbre sobre la política económica, alcanzando niveles por encima de los observados en 2016, cuando la situación tras las elecciones de finales de 2015 condicionó las expectativas de empresas y familias. Estimar el impacto en el PIB asociado a lo anterior es especialmente com- plicado, ya que la actual incertidumbre parece ser de naturaleza distinta a la observada en el pasado. En particular, en el escenario más probable, se espera que las tensiones disminuyan y que el anclaje que ofrece el favorable contexto internacional y la fuerte inercia de la economía limiten el impacto negativo (respecto a un escenario sin tensiones), a un rango entre 0,1 y 0,5 puntos porcentuales del PIB en 2018.
Sin embargo, de mantenerse los niveles de tensión observados en octubre hasta finales de 2017, el efecto podría llegar a ser de hasta 1,1 puntos porcentuales del PIB en 2018. Hacia adelante, uno de los principales efectos que podría tener el entorno actual lo representa el coste de oportunidad. En particular, reformas importantes como las relacionadas con la financiación autonómica, el sistema de pensiones o la mejora en el funcionamiento del mercado laboral han sido pospuestas. Esto en un momento en el que el BCE está más cerca de retirar los estímulos que han mantenido el costo de financiamiento de la economía española en niveles históricamente bajos. Es imprescindible que la prioridad legislativa pueda retornar hacia estos temas y se puedan construir consensos.