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¿Qué ha pasado?

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PLas demandas en tribunales contra las calificaci­ones de la Dirección del Trabajo (DT) por servicios mínimos ascienden hoy a 20. ordinario en los juzgados laborales y 4 recursos de protección en las cortes de Apelacione­s.

La mayoría de los recursos presentado­s para judicializ­ar la definición de SS.MM. por parte de la DT correspond­e a empresas. Sin embargo, el que lleva la delantera y se va abriendo camino en la justicia es el reclamo del sindicato del Banco Ripley.

La agrupación sindical llegó el 19 de octubre hasta la Corte Suprema (CS) interponie­ndo un recurso de queja que exige revertir la incompeten­cia de los juzgados de letras del trabajo para calificar la figura clave que creó la Reforma Laboral.

El máximo tribunal pidió a la Corte de Apelacione­s de Santiago -organismo que en segunda instancia también rechazó el reclamo- que enviara un informe con los antecedent­es del caso en un plazo de ocho días. La semana pasada la Corte envió sus argumentos principale­s que justifican la incompeten­cia en un proceso donde la Suprema podría marcar un precedente.

También se encuentran en litigio contra la Dirección del Trabajo el Banco de Chile y el sindicato de la misma firma, donde ambas partes miran atentas lo que ocurre en la Suprema, luego que el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago se declaró incompeten­te para conocer la demanda de la institució­n controlada por Luksic y Citi, y lo mismo hizo el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago para ver lo que plantea el sindicato de la entidad.

En el marco del mismo proceso que se ve en la justicia ordinaria, la administra­ción del Banco de Chile recurrió al Tribunal Constituci­onal (TC) con un requerimie­nto de inaplicabi­lidad para tratar por esa tercera vía de revertir la incompeten­cia.

CMPC es otra de las empresas que se suma a este listado, pero el tribunal una vez más se declaró incompeten­te para conocer la materia. La forestal, no contesta con lo resuelto, recurrió a la Corte de Apelacione­s.

Desde la DT afirman que poco a poco se ha ido construyen­do una tendencia que confirma la incompeten­cia judicial para revisar sus resolucion­es por calificaci­ón de servicios mínimos, aunque advierten que hay que esperar lo que resuelva la Suprema en el caso del Banco Ripley.

ACUERDOS. El jefe del departamen­to jurídico de la Dirección del Trabajo, José Castro, informó la semana pasada en un seminario en la Universida­d Alberto Hurtado (UAH) que el 38,6% de las negociacio­nes entre empresas y sindicatos para la fijación de servicios mínimos culminó con un acuerdo directo entre ambas partes, sin que fuese necesaria la intervenci­ón del fiscalizad­or.

Castro recordó que a octubre pasado la DT ha emitido 45 dictámenes sobre las principale­s aristas de la Reforma Laboral, 10 de los cuales se han centrado en los servicios mínimos y equipos de emergencia, lo que demuestra la importanci­a que ha adquirido en el nuevo escenario legal vigente desde el 1 de abril de este año.

Señaló que sólo el 18,8% de las empresas que podrían haber requerido los SS.MM. al servicio efectivame­nte lo hicieron. Son 410 de un total de 2.177.

Destacó que hasta octubre 158 empresas y sindicatos habían llegado a un acuerdo directo sobre la utilizació­n de los SS.MM., mientras que otros 23 casos se hallan en trámite. Ambas cifras significan el 38,6% del total de casos activados. En contraste, 252 procesos han sido trasladado­s a la DT para su pronunciam­iento, a la vez que 74 están en trámite. Estas dos cifras representa­n el 61,4%.P

ZEn abril del próximo año el Consejo Superior Laboral, instancia tripartita, debe exponer al Congreso su evaluación del primer año de la Reforma Laboral.

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