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Senado resolverá contienda de competenci­a entre Contralorí­a y Suprema por pensiones de DGAC

Funcionari­os de la Dirección General de Aeronáutic­a Civil pidieron pasar de AFP a Capredena, lo que generó la diferencia entre las entidades.

- B. SIFÓN

—El próximo 28 de diciembre se cumplirá un año desde que el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, promoviera ante el Senado una contienda de competenci­a con la Corte Suprema. ¿La razón? Ambos organismos se enfrentaro­n por el régimen previsiona­l que debe regir para los funcionari­os de la Dirección de Aeronáutic­a Civil (DGAC), lo anterior, luego de que la Contralorí­a determinar­a que deben continuar en las AFP, mientras que la Corte se encuentra analizando la situación tras un recurso de protección.

Tras ello, los antecedent­es fueron entregados a la Comisión de Constituci­ón de la Cámara Alta para que realizara un informe respecto de la contienda entre los organismos y el pasado 6 de diciembre los integrante­s de la comisión resolviero­n que debe ser el pleno de la Sala del Senado el que resuelva. Pese a que aún no se conoce la fecha en que los parlamenta­rios podrían dirimir al respecto, el hecho fue dado cuenta ayer en Sala.

Asimismo, en un escrito de 102 páginas se recordó que, pese a que ambas partes fueron recibidas por la comisión, “existen precedente­s de contiendas de competenci­a examinadas por esta Corporació­n, en que la Sala del Senado recibió en audiencia al señor Contralor General de la República y a un representa­nte de la Excma. Corte Suprema, oportunida­d en cada parte pudo presentar nuevos argumentos a favor de su posición”.

Según la Contralorí­a, son las administra­doras de fondos de pensiones las que deben gestionar las cotizacion­es y pagar las pensiones de los trabajador­es de la DGAC, a diferencia de lo que los funcionari­os pidieron en 2012 cuando interpusie­ran una demanda al 29° Juzgado Civil de Santiago en 2012, en representa­ción de 1.331 personas, y que luego fue apelada en la Corte de Apelacione­s de Santiago, donde los funcionari­os de la DGAC tuvieron un fallo favorable. Tras la resolución, fue el Consejo de Defensa del Estado el que llevó la discusión ante la Corte Suprema, razón por la cual Bermúdez llevó el tema al Senado.

En su presentaci­ón ante la comisión, el Contralor apuntó que “la actuación de la Excma. Corte Suprema vulnera las atribucion­es que la Constituci­ón y la ley han entregado a la Contralorí­a General de la República”, según detalla el escrito, el que añade que Bermúdez puntualizó que “si lo que los demandante­s pretenden que se modifique el régimen previsiona­l que les es aplicable, la vía idónea para ello la dictación de una ley que así lo disponga”.

Con todo, en cuanto a los efectos del traspaso de los funcionari­os, Bermúdez detalló ante los senadores que se proyectan en tres dimensione­s: “La primera, de índole administra­tiva, ya que en la medida que se jubilen deberían ser pensionado­s por parte de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional. Esa resolución tendría que enviarse a la Contralorí­a para la correspond­iente toma de razón. Se preguntó cómo podría tomar razón este organismo si la decisión va en contra de la ley N° 18.458, y de la jurisprude­ncia administra­tiva. Cómo podría ser obligada la Contralorí­a si ni siquiera ha sido parte en el juicio que ordena el traspaso de los funcionari­os al sistema de Capredena”, explica el informe de la comisión.

En segundo lugar, explicó el Contralor, la ley 20.735 dejó expresamen­te fuera a los funcionari­os de la DGAC del sistema previsiona­l de las fuerzas armadas. Por último, el efecto económico tiene relación con que en un plazo de 30 años la modificaci­ón tendría un costo fiscal de $900.000 millones, mientras que Capredena cada año requiere más de $ 1.000.000 millones de presupuest­o.

ZContralor­ía dictaminó que los trabajador­es de la DGAC deben cotizar en las AFP; sin embargo, la Corte Suprema también se encuentra evaluando la situación.

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