Dávalos contraataca: califica de “muy corrupta” a Fiscalía de O’Higgins y anuncia querella
La Corte de Apelaciones de Rancagua acogió la solicitud de sobreseimiento definitivo en el caso Caval, luego de tres años de indagatorias en los que no fue formalizado. El hijo de la Presidenta apuntó contra el fiscal Emiliano Arias.
¿Qué determinó la
justicia? La Corte de Apelaciones de Rancagua acogió la solicitud de sobreseimiento, luego de que Dávalos no pudiera ser formalizado por la Fiscalía. Sí se encuentra imputada su pareja, Natalia Compagnon.
¿Qué acusa Dávalos? El ex funcionario de La Moneda afirma que la Fiscalía montó una operación mediática en contra de su familia, favoreciendo además la filtración de información, por lo cual anunció que presentará una querella. —En su tercer intento, ayer el hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, consiguió que la Corte de Apelaciones de Rancagua acogiera su solicitud de sobreseimiento definitivo en la investigación del caso Caval, luego de tres años de indagatorias en los que finalmente no fue formalizado.
En este tiempo, el ex director sociocultural de La Moneda ha acusado al Ministerio Público de montar una operación en su contra. Este nuevo escenario judicial fue la oportunidad para que el hijo de la mandataria hiciera duros descargos -y acusacionesa la fiscalía, y en especial, al fiscal Emiliano Arias.
“Tres años han pasado y hasta el día de hoy no he sido formalizado, menos aún acusado. Lo paradójico es que pese a encontrarse la causa cerrada, la Fiscalía mantuviera el porfiado afán de negarse sistemáticamente a mi sobreseimiento”, dijo Dávalos, quien afirmó no entender por qué se le mantenía en estado de “incertidumbre procesal”.
“Hace muchos años que se transformó en un caso político, en el que se nos ha enjuiciado y sentenciado comunicacionalmente a mí y mi familia”, aseguró, acusando al Ministerio Público de permitir la filtración de carpetas de investigación que lo perjudicaron, y afirmando que no le sorprendería que, luego de estas palabras, “la muy corrupta Fiscalía, haciendo uso de la nomenclatura utilizada por el fiscal nacional, intente formalizarme por un delito inexistente a modo de represalia, como ya ocurrió tiempo atrás en el caso de mi señora”.
Sus palabras fueron acompañadas por las de su pareja, Natalia Compagnon, quien sí está formalizada por la causa. “Gente como los ministros de la Corte de Apelaciones han logrado entender que esta causa, como todos ustedes lo saben hace mucho tiempo, dejó de ser una causa judicial, esto es una causa política”, dijo y puntualizó que el sobreseimiento “es lo que Sebastián se merece, ni más, ni menos”.
QUERELLA. A las fuertes palabras que lanzó a los fiscales, Dávalos añadirá una querella por las filtraciones de la investigación en contra del persecutor regional de O’Higgins, Emiliano Arias, para que se investiguen “los actos de corrupción que pudiesen haber ocurrido” en el recinto judicial.
“Una fiscalía corrupta no está en condiciones morales ni éticas de realizar investigación alguna. Y menos aún, de acusar o formalizar a algún ciudadano. La Fiscalía miente una y otra vez frente a tribunales y en la corte, atenta contra los principios de objetividad de los imputados y desconoce los acuerdos a los que ha llegado con los mismos, no está habilitada para investigar causa alguna”, puntualizó.
Según el abogado querellante del caso, Mario Zumelzu, la reacción de Dávalos no sería más que una estrategia comunicacional. “En qué se justifica esta reacción tan destemplada de Dávalos, la podemos resumir en la siguiente frase: no hay mejor defensa que un buen ataque”, dijo a Radio Bío Bío.
El caso Caval estalló en 2015, cuando un reportaje de la Revista Qué Pasa informó sobre el negocio que Dávalos y Compagnon estaban realizando a través de su sociedad Caval, comprando terrenos en Machalí a $6.500 millones al síndico de quiebras, Herman Chadwick, para venderlos días después en $9.500 millones, para lo cual pidieron un crédito de $10 mil millones al Banco de Chile.
La investigación estableció delitos tributarios, cohecho, sobornos a funcionarios municipales y ventajas indebidas del síndico de quiebras, y terminó con 13 imputados, siete de los cuales llegaron a la etapa de juicio oral.