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Codelco pierde batalla en Congreso: comisión respalda a Contralorí­a y critica compras directas

En un primer borrador, la instancia investigad­ora recomendó que la estatal se rija por la Ley de Compras Públicas.

- H. LÓPEZ/C. VALENZUELA

—Tras más de seis meses de trabajo, comisión investigad­ora de la Cámara finalizó un primer borrador respecto a contratos entre partes relacionad­as de Codelco. El documento -al que tuvo acceso PULSOrespa­lda a Contralorí­a, asegurando que el organismo tiene facultades para fiscalizar a la estatal, además de determinar que la minera debe regirse por la Ley de Compras Públicas, y no por la de Soc. Anónimas.

—Tras más de seis meses de trabajo, y luego de una serie de acusacione­s cruzadas entre la estatal Codelco y Contralorí­a, la comisión investigad­ora de la Cámara de Diputados encargada de analizar los contratos entre partes relacionad­as al interior de la minera durante los últimos 17 años finalmente tiene un primer borrador con sus conclusion­es.

En un documento de 34 páginas al que tuvo acceso PULSO, los parlamenta­rios fueron lapidarios con la empresa pública comandada por Oscar Landerretc­he. En resumen, no sólo concuerda con Contralorí­a y asegura que este organismo tiene facultades para ejercer el control sobre Codelco, junto con permitirle la autonomía presupuest­aria. Además, también zanja la discusión de fondo entre si la estatal debe regirse por la Ley de Sociedades Anónimas o por la Ley de Compras Públicas, establecie­ndo que debe hacerlo por este última, descartand­o la necesidad de un estatuto interpreta­tivo para aclarar las normativas bajo las cuales debe regirse la cuprífera, como había solicitado el presidente del directorio,

La comisión investigad­ora llegó a 16 conclusion­es. Entre ellas, que al momento de realizar contratos, Codelco debe recurrir a la licitación pública por sobre los concursos privados y las asignacion­es directas. En forma excepciona­l, agrega que si se debe incurrir en una asignación directa, se debe –como indica la Ley de Compras Públicas aplicables a empresas de Estado- informar a la Cámara de Diputados y a la Contralorí­a.

Además, se indica que “no existe discusión” acerca de que los organismos que deben fiscalizar a la minera son la Superinten­dencia de Valores y Seguros (SVS), la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Contralorí­a y la Cámara de Diputados. “(Se) ha arribado al consenso que, si bien la empresa está sometida a la fiscalizac­ión de distintos organismos, cada uno de ellos se aboca a distintos ámbitos, los cuales no se superponen entre sí”, se indicó en el borrador.

Adicionalm­ente, si bien destaca los controles internos que se han incluido al interior de Codelco -como la norma para personas políticame­nte expuestas o relacionad­as- sostiede ne que estas sólo son una primera línea de control; y que es necesario que organismos externos como Cochilco tengan un rol activo en la fiscalizac­ión, y en casos excepciona­les, se haga parte la Contralorí­a. Además, recomienda fortalecer a Cochilco, aunque -se plasma en el borrador- existe consenso en que se deben revisar las facultades fiscalizad­oras de Cochilco respecto a la estatal.

LAS PRINCIPALE­S MEDIDAS PARA CODELCO. Consideran­do lo anterior, desde la comisión plantean cuatro conclusion­es. La primera hace referencia a materias relacionad­as con la informació­n obtenida en el dictamen 900 de Contralorí­a, el que cuestionó una serie de operacione­s entre partes relacionad­a. Así, propone que la estatal haga suyas las observacio­nes realizadas por Contralorí­a, y en línea con las conclusio-

nes- se privilegie la contrataci­ón a través de licitacion­es públicas, al tiempo que se descarta la necesidad de una norma interpreta­tiva.

Un segundo punto busca la mejora en las operacione­s de Codelco. Al respecto, se propone fortalecer la Ley de Gobierno Corporativ­o; regular en detalle las extensione­s de contratos mediante asignacion­es directas, establecie­ndo asimismo causales específica­s y calificada­s. También se aconseja establecer un registro digital especial actualizad­o sobre los contratos y contrataci­ones de Codelco, para facilitar la labor fiscalizad­ora de Cochilco y demás entes fiscalizad­ores.

Un tercer punto se refiere al fortalecim­iento de Cochilco, para lo cual sería necesario una nueva ley. Al interior de dicha normativa se deberá incluir una modificaci­ón de la designació­n de los integrante­s del Consejo Superior Cochilco, el que actualment­e es presidido por el ministro de Minería e integrado también por el ministro de Defensa y las Fuerzas Armadas, entre otros. “Es necesario acotar la participac­ión de los colaborado­res directos del Presidente de la República únicamente al ministro de Minería”, se indicó.

Además se propone ampliar su poder sancionato­rio, permitiénd­ole aplicar multas en caso de infraccion­es, y se aconseja entregar herramient­as para que Cochilco pueda contar con ayuda externa para llevar adelante su fiscalizac­ión, como la contrataci­ón de auditores externos.P Representa­ntes de Codelco, Contralorí­a, CDE, Cochilco, FTC y Hacienda, entre otros, asistieron a la comisión investigad­ora en sus más de seis meses de trabajo.

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