Barón, otro problema de institucionalidad
Editoriales La decisión de la empresa de no perseverar en la construcción del mall es un reflejo de la incertidumbre que afecta a los proyectos de inversión, incluso cuando estos han cumplido con la tramitación.
ESTA SEMANA se confirmó lo que para algunos ya era un fundado temor. Luego de más de diez años de relación contractual con la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), Mallplaza decidió poner término al contrato de concesión para el Proyecto Puerto Barón. Ello, luego de que a fines de diciembre la Corte Suprema declarara ilegal el permiso de edificación otorgado en 2013 por la Municipalidad de Valparaíso para desarrollar el emblemático centro comercial. Un proyecto que tuvo la autorización pertinente que se basó en un cambio de plan regulador que la misma Corte Suprema terminó por desconocer. Así, el mall Barón ha pasado a engrosar una lista de iniciativas emblemáticas en las cuales la incertidumbre o la judicialización fueron la tónica y que terminaron por quedar en el camino. Ahora estará en el listado junto con Dominga y Barrancones, entre varios otros proyectos.
Todas estas iniciativas son el mejor ejemplo de la incerteza jurídica que se vive hoy al momento de presentar un proyecto. Es que tener una autorización municipal o un permiso ambiental ya no es garantía de nada. Esta es precisamente la misma incertidumbre sobre la que llamó la atención hace algunos días la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
Los impactos colaterales no son menores y probablemente no se tiene real conciencia acerca de ellos . Existe una serie de actores detrás de esta decisión o paralización de los proyectos de inversión, como bancos al momento de evaluar créditos, las constructoras, múltiples proveedores y el comercio mismo.
En este escenario, no cabe duda de que se requiere una institucionalidad ambiental que dé certezas y disminuya los tiempos de aprobación. Todo el resto de los esfuerzos por elevar la inversión que se puedan hacer son estériles si es que no se cuenta con una estructura adecuada de evaluación de proyectos, y una transparente, creíble y legítima institucionalidad.