Educación superior: el marco regulatorio y las condiciones de la gratuidad

—De los proyectos educacionales, los de educación superior fueron los que generaron más conflictos. La falta de acuerdos dentro del Gobierno, dentro de la Nueva Mayoría, y entre el oficialismo y la derecha, los estudiantes y los rectores, derivó en que el Ejecutivo dividiera el área en varios proyectos para tramitarlos por separado. Ayer, el Congreso despachó las últimas iniciativas.

Ley de educación superior

Este proyecto establece un nuevo marco regulatorio, al crear una subsecretaría para el ramo, que definirá políticas, y una superintendencia que fiscalizará. Además, modifica el sistema de acreditación institucional, que tendrá cuatro categorías (básica, avanzada, excelencia y no acreditada) y establece un sistema de acceso común a todos los planteles que cuenten con gratuidad.

Además, este último beneficio queda fijado por ley (hasta ahora se entregó a través de la Ley de Presupuestos) y plantea condiciones para ir aumentando la cobertura. Este año, el 60% de los estudiantes de esas instituciones no tendrá que pagar, y la reforma plantea que la cobertura suba al 70% cuando los ingresos fiscales estructurales lleguen al 23,5% del PIB, al 80% cuando lleguen al 24,5% del PIB, al 90% cuando lleguen al 26,5% y a la universalidad cuando lleguen al 29,5%.

Para acceder a la gratuidad, los planteles (universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica) deben tener acreditación institucional avanzada o de excelencia, estar constituidas como sin fines de lucro y ser parte del sistema de acceso.

Universidades estatales

Este proyecto también fue aprobado ayer. Fue un capítulo de la reforma general, pero debido a los conflictos que tuvo esa iniciativa, el Ejecutivo la separó y tramitó aparte, logrando mayor consenso entre los parlamentarios.

El proyecto le otorga un marco jurídico a las 18 universidades fiscales para “fortalecer sus estándares de calidad académica y de gestión institucional”. Establece que estas instituciones deben cumplir funciones de docencia, investigación, creación artística, innovación, extensión, vinculación con el medio y el territorio, para contribuir a la sociedad.

Además, crea un fondo de fortalecimiento (que durante la discusión se homologó a las universidades públicas no estatales del CRUCh, como la U. Católica, a través de un fondo basal) y establece que el Consejo Superior será el máximo órgano colegiado, al que le corresponde definir la política general de desarrollo y las decisiones estratégicas de la institución.

Nuevas instituciones

En estos cuatro años, también fueron creados nuevos planteles estatales. Ese es el caso de las universidades de O’Higgins y Aysén, que están iniciando su segundo año académico, aún en medio de la construcción de sus edificios y sedes. En estas dos regiones donde no había universidades fiscales. Además, fueron creados 15 centros de formación técnica, uno por región, los que están en plena fase de instalación.

Otros cambios del sector

También hubo otras leyes que cambiaron la regulación de la educación superior, como la que creó el Administrador Provisional (que se ha aplicado en la U. Arcis y ahora en la U. Iberoamericana) y la que acabó con el Aporte Fiscal Indirecto.P