Educación escolar: el “fin del lucro” y la desmunicipalización de los establecimientos

—Esta área fue abordada con dos grandes políticas:

Ley de Inclusión

Fue una de las primeras reformas y una de las más polémicas. La propuesta buscó regular el sistema de admisión a los colegios (a través de un sistema computarizado de selección, llamado por algunos como la “tómbola”), eliminar el copago de los padres en los planteles subvencionados para reemplazar ese aporte por recursos fiscales, y prohibir el lucro en estos colegios.

A enero, 5.341 colegios particulares subvencionados estaban en manos de sostenedores sin fines de lucro o habían iniciado el proceso de traspaso (94% del total) mientras que sólo 186 no lo habían hecho, corriendo el riesgo de que se les congele la subvención. Además, otros 175 estable- cimientos habían renunciado voluntariamente al aporte fiscal, porque iban a cerrar o decidieron pasar a particulares pagados.

El nuevo modelo de selección comenzó a aplicarse en el proceso 20162017 en Magallanes, ahora se extendió a otras cuatro regiones y a fin de año, para la admisión de 2019, entrarán en régimen todas las regiones. Este año, 81.234 escolares usaron el sistema y el 93% quedó seleccionado en un colegio escogido por sus padres. En tanto, respecto al fin del copago, hay 958 colegios que han pasado a ser totalmente gratuitos desde 2015. Por estas razones, la ministra Adriana Delpiano aseguraba hace unos días que “se terminó el lucro en la educación”.

Nueva Educación Pública:

Es el proyecto que desmunicipali- zará a más de 5 mil colegios y los traspasará a 70 Servicios Locales de Educación, entidades estatales autónomas que los administrarán, acabando así con un sistema de más de 30 años. Fue aprobado en noviembre y supone uno de los mayores cambios estructurales de la educación escolar. Durante el debate, el Ejecutivo y la derecha pactaron extender el plazo de transición, con lo cual sólo algunos servicios entrarán en funcionamiento en el próximo gobierno y el resto irá ingresando hasta 2025. Además, en medio de ese período habrá una evaluación al sistema, que permitiría aplazar el ingreso de nuevos servicios. En régimen, el cambio tendrá un costo de $215 mil millones anuales, y detrás de éste, está la idea de recuperar a la educación pública, que hoy suma 1,3 millones de estudiantes, 38% menos que hace una década, caída que recién este año se detuvo.P