Política minera e impacto económico

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EL DEBATE minero suele girar en torno al control del gobierno y cobro de impuestos en el sector. Sin embargo, los países que han exigido una participación gubernamental en empresas mineras y altos tributos han estancado su nivel de producción y generado crecientes niveles de corrupción. Pero como la minería depende de cuantiosas inversiones extranjeras, son presa fácil de crecientes demandas y retos de competitividad internacional. Nuestro desafío es poder operar en un mundo globalizado, de mayores exigencias y competitividad, y una mayor fiscalización, tanto ciudadana como gubernamental. Los países que como Chile han instituido reformas creando condiciones auspiciosas para atraer capital, han logrado importantes aumentos en producción minera y crecimiento económico. Pero ello ha requerido una readecuación del Estatado, como ente regulador del sector. La adopción de estas políticas globalmente, y las dificultades de nuestra institucionalidad en asimilar el nuevo rol estatal, han erosionado su posición competitiva, bajando el país en el ranking de los “top 10” en 2008 al lugar 39° en recientes encuestas de empresas mineras del Instituto Fraser. Ello apunta a vulnerabilidades que merecen atención: la poca ductibilidad del desarrollo institucional para asumir nuevas demandas, como impactos ambientales, e implicaciones en la predictibilidad para inversiones; la contribución de la minería al desarrollo del país, sin socavar mejoras de productividad del sector; el apoyo menguado de la minería, que genera mayores demandas, y falta de inversionistas chilenos que ayuden alinear intereses del sector a la ciudadanía.