El Legado de Bachelet
perada, pero no ha sido el peor precio que ha enfrentado el país, ya que en los primeros tres períodos de gobiernos de la Concertación el promedio del valor del metal rojo osciló en torno a US$1, y los niveles de crecimiento fueron muy superiores al 1,8% con el que estaría cerrando esta administración con un promedio para el cobre de US$2,7 la libra.
De hecho, durante el mandato de Patricio Aylwin el PIB se elevó a 7,2%, seguido por un 5,4% en el período de Eduardo Frei y por un 4,8% en el de Ricardo Lagos.
Lo que sí distinguió este escenario es que la autoridad atendiendo el promedio del cobre en US$3,6 que experimentó el gobierno de Sebastián Piñera, realizó una proyección de ingresos mucho más optimista para el cuatrienio. A tal punto que para ir cumpliendo con los ambiciosos compromisos adquiridos durante la campaña dio paso a una espiral de endeudamiento que según se estima terminará en 2017 con un pasivo equivalente a 25% del PIB.
Al recibir el gobierno, la deuda pública equivalía a 12,73% del PIB, la cual subió a 14,93% el primer año, a 17,37% el segundo y a 21,3% el tercero.
Esta combinación de bajo crecimiento e incremento de la deuda fiscal asestó un fuerte golpe a La Moneda cuando a mediados del año pasado, la agencia clasificadora de riesgo S&P redujo la nota de Chile, la que en 25 años sólo había subido de peldaños.
“La rebaja refleja un prolongado crecimiento económico bajo que ha perjudicado los ingresos fiscales, la contribución del aumento de la deuda del Gobierno y la erosión del perfil macroeconómico del país. Esto ha dado lugar a un modesto aumento de la vulnerabilidad de Chile a los shocks externos”, argumentó la agencia anticipando un movimiento que luego replicarían Moody’s y Fitch.
La ralentización de la economía tuvo efectos colaterales evidentes, como es el deterioro del mercado laboral que si bien no mostró un salto fuerte en la tasa de desempleo como muchos analistas advirtieron –promedió un 6,5% entre 2014 y 2017 con un peak de 7% en junio de 2017-, significó un cambio en la conformación con un aumento sustancial de los cuenta propia y una reducción igual de evidente de los asalariados.
Obviamente esta combinación tuvo su correlato en los niveles de inversión, los que fueron descendiendo a medida que avanzaba el gobierno. Así, mientras en 2013 la Formación Bruta de Capital Fijo era de 24,8% del PIB, en 2014 se redujo a 23,2% hasta llegar a 21,9% en 2016. En su última proyección, el Banco Central anticipó que esta variable terminaría en 21,1% en 2017. Esta constante caída en un factor vital del crecimiento preocupaba a las autoridades y así lo hacía ver el ministro de Hacienda de la época, Rodrigo Valdés, en octubre de 2016: “Me gustaría que tuviésemos más inversión y más ahorro en Chile, sin duda. Sí me preocupa que la inversión no tome vuelo”. Por primera vez en la historia, Chile encadenó cuatro años de decrecimiento en la inversión.
Más allá de las razones objetivas de la contracción de la minería, cuyo PIB cayó un 0,2% entre 2014 y 2016, hubo causas que enturbiaron el panorama, y así lo admitió el titular del Central, Rodrigo Vergara (en 2016): “La menor confianza hoy en el país, más allá de sus causas específicas, es un freno a la inversión”.
Esta caída en la confianza que se mantuvo siempre en niveles deprimidos durante la época II de Bachelet respondió a la primera medida que impulsó: la reforma tributaria que subió los impuestos de las empresas y creó nuevos regímenes tributarios, que en el caso de las compañías más grandes las obliga a pagar un tributo independiente de si sus utilidades van a financiar nuevas inversiones o son retiradas.
Este diagnóstico que responsabilizaba a las reformas fue verificado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en octubre de 2016: “La nueva carga tributaria a las empresas que se impulsó para financiarla (reforma educacional), aunque necesaria, ha golpeado la inversión”.
Debacle en Teatinos 120
La discusión de esta reforma junto a los cambios al código laboral y a la educación produjeron una serie de tensiones y roces que no sólo se reflejaron en la convivencia dentro de la coalición gobernante, sino que también hirieron la supremacía que desde 1990 había mostrado el Ministerio de Hacienda.
Y a poco más de un año de instalarse en Palacio, Bachelet decidió cambiar el foco de su agenda hacia un eje más moderado según los análisis de la época, implicando la salida del arquitecto de la tan despreciada reforma tributaria, Alberto Arenas, quien fuera considerado su mano derecha durante los tiempos de campaña. Esta decisión también fue gatillada por las astillas que en ese momento estaba lanzando la investigación del Servicio de Impuestos Internos sobre facturas y boletas falsas, evidenciando la niebla existente entre algunas empresas y los políticos de varios colores.
La medida fue aplaudida por el mundo privado que vio en su sucesor, Rodrigo Valdés, un cumplimiento a sus plegarias atendido no sólo su perfil más técnico, sino que también su mayor espíritu colaborativo, de sintonía y de diálogo.
Pero la gestión de Valdés no fue fácil, porque lejos de la moderación que se especuló, la Presidenta siguió adelante con su programa de reformas manteniendo el nivel de incertidumbre en el sector privado. Vox populi fueron los entredichos entre la hoy senadora electa y ministra de Trabajo de la época, Ximena Rincón, y el ministro de Hacienda, que terminaron inclinando la balanza a su favor sellando una reforma laboral que ha provocado más de un dolor de cabeza en el empresariado.
Tanto fue el cántaro al agua, que Valdés terminó abandonando el gabinete tras un nuevo episodio -de muchos en los que no se sintió respaldado- cuando el Consejo de Ministros decidió no aprobar la mega inversión del proyecto Dominga. Mientras Valdés creía que era necesario enviar una señal de certidumbre a los privados, la Presidenta optó por el camino más “verde” desatando la renuncia masiva del equipo económico.
En definitiva, Bachelet desafió y generó nuevos récords desde 1990, no todos para romperlos nuevamente.P