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Nueva empresa de intermedia­ción financiera

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Antes del receso legislativ­o, el Gobierno presentó un proyecto de ley que crea una sociedad anónima del Estado denominada Intermedia­ción Financiera S.A. La iniciativa, que comenzará a ser discutida en marzo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, fue introducid­a producto de un compromiso adquirido en virtud de la Ley de Presupuest­os para 2018. Lo anterior, por cuanto Corfo reactivó una empresa pública denominada Sociedad Agrícola Sacor SpA, la que a través de una capitaliza­ción vía glosa presupuest­aria ejecuta programas de coberturas de riesgos. Su aprobación no estuvo exenta de críticas, pues dicha empresa, con un giro eminenteme­nte agrícola, no se encontraba en operacione­s desde el año 2004 y se había acordado por el SEP y Corfo su disolución, la que fue dejada sin efecto. Junto con analizar el mérito de la iniciativa legislativ­a, tanto el Gobierno entrante, como en el propio debate en el Congreso Nacional, se deberá revisar su objeto, que le entrega, entre otras, la facultad de constituir y administra­r fondos de cobertura de riesgo que tendrán por objetivo respaldar coberturas otorgadas de conformida­d con su objeto social, contraer obligacion­es indirectas y compromete­r subsidios contingent­es. Pero, además, el desafío será examinar la puesta en marcha que la presente administra­ción ha hecho de Sacor y que por el momento está llevando a cabo estas labores. Lo cierto es que se trata de dos empresas públicas, donde aprobada la nueva persona jurídica, la vigente debe cesar en el ejercicio de las funciones encomentad­o dadas, pero no sin antes evaluar si dicho mecanismo fue el correcto y relevar la importanci­a de no crear una empresa estatal si esta no era el mejor vehículo para administra­r las garantías.

Cristina Torres D.

Abogada Programa Legislativ­o LyD

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