Nuevo reglamento restringirá gastos y asesorías a la futura Cámara de Diputados
El texto prohíbe, entre otras cosas, la contratación de funcionarios públicos, concejales y consejeros regionales.
—A partir del 11 de marzo regirá el acuerdo alcanzado por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, que establece las reglas para la nueva Cámara de Diputados. El texto, de 31 páginas, prohíbe que diputados tengan entre sus asesores a consejeros regionales, concejales o funcionarios públicos. Además, la resolución del consejo -integrado por Sergio Páez, Vittorio Corbo, Claudio Alvarado y Luis Riveros-determina que la contratación de parientes como asesores deberá pasar por la Comisión de Ética de la institución.
Se restringe también el uso de estudios y asesorías, al igual que el de las sedes, con el fin de evitar su utilización para fines políticos ajenos a los de la labor legislativa.
AFINES de enero llegó a manos del presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, el acuerdo definitivo del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias con “la estructura, montos, destinos y usos de asignaciones” para el nuevo Congreso, que entra en vigencia junto a la llegada de los parlamentarios, el próximo 11 de marzo.
Esta es la última resolución del organismo con los actuales integrantes -Sergio Páez (presidente), Vittorio Corbo, Claudio Alvarado y Luis Riveros- y ya comenzó a ser difundido entre los diputados.
El texto -de 31 páginas- incluye
restricciones, prohibiciones y aclaraciones en diversas materias para el próximo período.
Una de esas disposiciones -en particular- ha llamado la atención de varios de los diputados: ya no podrán ser contratados consejeros regionales, concejales o funcionarios públicos, independiente de la modalidad del acuerdo, vale decir, si es a honorario o a contrata.
En la actualidad, no son pocos los legisladores que tienen en sus equipos (que van de entre 4 a 15 personas, dependiendo del diputado y de sus requerimientos) a un concejal o un core. No podrán seguir prestando servicios (Ver nota relacionada).
Otra precisión -que fue incluida en el acuerdo- es que los contratos a personas con algún vínculo de parentesco con cargo a las asignaciones parlamentarias, deben pasar por la comisión Ética de la Cámara, siempre que sea una excepción y que se ajuste “a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado”. En general, la recomendación es a abstenerse para no generar un problema mayor.
En línea con lo anterior, en la fundamentación del documento, el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias entiende que “se han registrado cambios relevantes en la forma como la sociedad observa el cumplimiento que las autoridades dan a sus cometidos”, haciendo alusión a la baja aprobación que hoy tiene el Parlamento, que se ha visto afectado por casos de mal uso de los dineros destinados, por ejemplo, a las asesorías legislativas.
De hecho, aún no termina de aclararse el caso del copy paste detectado en las conclusiones de la comisión investigadora de Exalmar, y que llevó a la mesa de la Cámara a adquirir un software que pudiese detectar hechos similares. Hasta ahora nadie, ni los miembros de la comisión ni sus asesores, se han hecho cargo de la controvertida elaboración del texto.
El Consejo pide a los diputados que todos los estudios o asesorías requeridos formen parte de la actividad parlamentaria y no sean ocupados -ni directa ni indirectamentepara campañas políticas u otros fines partidarios (Ver nota relacionada).
Respecto a las sedes parlamentarias, que también han sido foco de conflicto debido a su mal uso, el Consejo especifica que los diputados pueden compartir una misma sede para las actividades propias de la labor parlamentaria. O bien, pueden hacerlo con un senador de la misma zona.
Tal como en el caso de las asesorías, el organismo pide evitar su utilización para fines políticos, como la elección de la directiva de un partido.
En las sedes “no pueden entregarse prestaciones a la comunidad. No obstante, se podrá informar u orientar a los miembros de la comunidad que así lo soliciten, siempre y cuando dicha labor no pueda considerarse un reemplazo de los servicios que le corresponda prestar a la administración pública o a las municipalidades”, dice el documento.
El Consejo de Asignaciones también fijó los montos para viajes y cuestiones como la bencina, todo de acuerdo a la distancia que tienen que recorrer los parlamentarios y al tamaño de sus distritos.
Fuentes en el Parlamento aseguran que los primeros días de marzo deberían analizarse eventuales cambios al documento, porque la idea es que los nuevos legisladores puedan familiarizarse lo más rápido posible con el trabajo legislativo y con cada una de las normativas.
“Los montos de las asignaciones parlamentarias establecidos por el Consejo resultan plenamente consistentes con los recursos presupuestarios que ambas ramas del Poder Legislativo destinarán al financiamiento del ejercicio de la función de diputado y senador”, concluye el texto.P