Daño a forestales por conflicto mapuche suma $5.462 millones en 2018
Las mermas para los contratistas forestales de las regiones del sur por los últimos ataques incendiarios suman $5.462 millones a la fecha, mientras que solo llegaron a $7.755 millones el año pasado. Gremios cuestionan que no haya una solución definitiva.
—La violencia en el sur del país se ha sentido con fuerza este comienzo de año. En los dos primeros meses de 2018, las pérdidas acumuladas representan un 70% de todo 2017, llegando a $5.462 millones. En cuanto a número de atentados, los contratistas forestales ya registran 8 incidentes, respecto de los 14 que anotaron en todo el año pasado.
—Los últimos atentados ocurridos en la zona sur del país siguen afectando de forma importante las inversiones a nivel nacional.
A sólo dos meses de haber iniciado 2018, los contratistas forestales suman perjuicios por $5.462 millones, lo que representa un 70% del total de lo perdido el año pasado.
Desde 2014, las mermas de este sector que agrupa a proveedores, equipos forestales, entre otros cumulan $32.394 millones desde 2014.
En cuanto al número de atentados, los contratistas forestales han sido objeto de ocho actos de violencia en lo que va del año. Esta cifra se acerca a los 14 ataques que se registraron en 2017. Mientras, 87 fueron los atentados totales experimentados desde 2014 a la fecha.
Durante este período, además, un 42% de los daños afectó a camiones forestales, mientras que el restante 58% a equipos forestales.
El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, acusa que este negocio no está siendo protegido por la institucionalidad. “El Estado no está preocupado del sector forestal en circunstancias que es el tercer exportador del país. Es un sector importante que, además, genera trabajo para 900 mil personas, desde la séptima hasta la décima región”, apunta.
Esto, pese a que el Gobierno anuncio que presentará una querella por el delito de incendio terrorista tras los últimos casos ocurridos en el Biobío y La Araucanía.
Asimismo, el presidenta de la Multigremial de La Araucanía, Luciano Rivas, afirma que los actos de violencia se han ido expandiendo desde la Regíón de La Araucanía a Bío Bío, Los Ríos y Los Lagos, lo que ha puesto una mayor alerta entre muchos empresarios que quieren realizar inversiones.
“Lo que hemos visto estos últimos días fue la declaración del dueño de una reconocida empresa de transporte de la zona, que fue atentada el año pasado, en que anunció que iba a mover a toda su flota de camiones a un lugar más seguro que acá” afirma Rivas refiriéndose a la decisión de Ramón Aranzasti de la empresa Calafquén.
Al respecto, el representante de la Multigremial advierte que el retiro de las inversiones también comienza a afectar la absorción de mano de obra. “Vemos que aquí hay una irresponsabilidad tanto del Gobierno como del Estado de poder controlar esto y poder dar la seguridad para que los empresarios y emprendedores se puedan desarrollar de buena forma”, acusa.
Asimismo, Rivas señala que al igual que los contratistas forestales y los transportistas, el sector agrícola ha sido objeto de importantes casos de violencia que ha afectado sus inversiones. En ese sentido, recuerda la quema a los predios de la Familia Urban en la comuna de Ercilla.
El secretario ejecutivo de la Sociedad de Fomento de Temuco (SOFO), Andreas Köbrich, sostiene que el gremio “hace años que viene denunciando que la existencia de violencia de características terroristas en la región, aleja inversiones. En La Araucanía, existe un conflicto ideológico terrorista. Eso es una realidad. Hay algún anuncio importante presidencial y al día siguiente hay un atentado grande”.
Köbrichexplicaque el retiro de las inversiones del sector en la zona queda al descubierto cuando los socios del gremio tienen excedentes y deciden invertirlos en otra región.
POLÍTICAS PÚBLICAS Para los tres representantes gremiales, la política de entrega de tierras de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) a las comunidades indígenas ha generado mayores expectativas de las que realmente puede cumplir un gobierno y por ende ha sido responsable en parte de la violencia en la zona.
“Aquí hay una política pública de insistentemente estar comprando predios en La Araucanía que salen del circuito productivo”, critica también Köbrich.
Otra política pública cuestionada por los gremios es la suscripción de Chile al Convenio 169 de la (Organización Internacional del Trabajo) sobre Pueblos Indígenas.
Para Köbrich, el Convenio 169 no da respuesta para el tipo de inquietudes actuales que existe en la zona.
“Hay temas que creemos que son importantes, como la evaluación y posible renuncia del convenio 169 de la OIT. Este genera expectativas en las comunidades y se ha instrumentalizado, frenando las inversiones. Y lo otro es una revisión también a fondo de lo que está pasando con la entrega de tierras con la Conadi. Vemos que es uno de los factores y gérmenes de la violencia en la región, porque las comunidades se ponen en conflicto para poder reclamar tierras”, sentencia Rivas.P
“El Estado no está preocupado del sector forestal que es el tercer exportador del país”.
“Vemos que aquí hay una responsabilidad tanto del Gobierno como del Estado”.
“La existencia de violencia de características terroristas en la región aleja las inversiones”.