Justicia sin fronteras para Venezuela,
MIENTRAS la catástrofe humanitaria de Venezuela empeora día tras día, los gobiernos de la región y de otros continentes se preguntan cómo responder. Quizás haya llegado el momento para que la sociedad civil invente nuevas formas de intervenir. De acuerdo con estimaciones del Billion Prices Project del MIT, la inflación en alimentos en enero alcanzó 117,6%, o el equivalente a 1.130.000% al año. Al mismo tiempo, el tipo de cambio se depreció a una tasa anual de más de 700.000%, mientras que el poder de compra real de los salarios -el cual apenas representaba 1.400 calorías diarias en diciembre- declinó aún más. Una encuesta publicada a principios de enero estimó la emigración en 4 millones de personas, casi igual al número que se ha ido de Siria.
Los gobiernos de las Américas y de Europa se encuentran en una terra incognita. Si el problema se tratara simplemente de violaciones flagrantes de la Carta Democrática de la OEA, se podrían considerar soluciones a ser implementadas en meses o años. Pero Venezuela no representa un simple problema político: es una catástrofe humanitaria cuyas proporciones no tienen precedentes.
Es cierto que el Presidente Nicolás Maduro ejerce el poder de modo inconstitucional, basándose en decretos de emergencia y en una asamblea constituyente todopoderosa, monopartidista, establecida ilegalmente, mientras ignora a la Asamblea Nacional legítimamente elegida y prohíbe los partidos políticos de oposición. Bajo estas circunstancias, el tiempo tiene un costo intolerablemente alto, motivo por el cual propuse una solución política que involucraba la asistencia militar internacional para consolidar a un nuevo gobierno nombrado por la Asamblea Nacional. Algunos países latinoamericanos, comenzando por Brasil, rápidamente emitieron declaraciones indicando que esta opción está fuera de juego. Sin embargo, nadie ha propuesto una solución mejor. A medida que la situación empeora, todos tendrán que reconsiderar sus opciones. Sencillamente, no han logrado formular una alternativa.
Quizás ha llegado la hora de que la sociedad civil internacional actúe. De hecho, las soluciones que se desarrollen para enfrentar esta crisis quizás se constituyan en un ejemplo. En su excelente libro “The internationalists”, Oona Hathaway y Scott Shapiro describen cómo el pacto Briand-Kellog de 1928 y los que lo sucedieron redujeron de manera notable las guerras de conquista, no mediante el enfrentamiento militar a los agresores, sino sencillamente negándoles el reconocimiento de su soberanía sobre los territorios ilícitamente obtenidos por ellos. Hathaway y Shapiro van incluso más lejos, argumentando que la cooperación internacional en ámbitos como comercio, protección ambiental o coordinación tributaria, ha progresado notablemente aun en ausencia de mecanismos internacionales de imposición de obligaciones. Otra vez, la clave ha sido negar reconocimiento a los actores que incumplen.
HE AQUÍ otra propuesta. Instituciones de la sociedad civil venezolana, como el premiado Foro Penal, deberían preparar, usando sus propios datos y el crowdsourcing, una lista cuidadosamente curada y documentada de los esbirros del régimen. Esta lista debería incluir a todos los que hayan violado flagrantemente los derechos humanos abusando de la autoridad del Estado, o que hayan actuado para contribuir al ejercicio inconstitucional del poder. En ella deberían estar ex officio los ministros de Gobierno, los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Supremo y de la Asamblea Constituyente, como también el fiscal general, el alto mando militar y los jefes de la Guardia Nacional y de los servicios de inteligencia civil y militar, entre otros.
Instituciones respetadas, como Human Rights Watch, deberían auditar la lista para certificar la exactitud de la información y dar a los acusados la oportunidad de refutar los cargos. A medida que la lista se haga pública, gobiernos, empresas y otras organizaciones del mundo deberían negarse a interactuar con las personas que aparecen en ella, y así evitar mancillar de colaboracionismo a su reputación. La meta de esta estrategia no es la venganza. Es imponer un tipo de castigo descentralizado que haga pagar muy caro a los regímenes dictatoriales violar los derechos humanos y hacerles más difícil el mantenimiento de un ejército disciplinado de secuaces que “sólo cumplen órdenes”. De hecho, la mayoría de los esbirros del régimen ha enviado a sus familias al exterior, protegiéndolas así del caos que han creado. Colocar a sus cónyuges e hijos en la lista haría que el ostracismo fuera potencialmente mucho más efectivo.
En países democráticos, se espera que la justicia la administre el Estado. Pero en casos como el de Venezuela, el mundo necesita modos efectivos y de bajo costo para disuadir a los tiranos y sus secuaces. Al fin y al cabo, ¿no somos todos los guardianes de nuestros hermanos?
La meta de esta estrategia no es la venganza, sino imponer un tipo de castigo descentralizado que les haga pagar caro a los regímenes dictatoriales violar los derechos humanos y hacerles así más difícil el mantenimiento de un ejército disciplinado de “secuaces”.