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¿Qué ha pasado?

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PLa Corte Suprema rechazó un recurso de queja de CAR S.A. y ratificó la incompeten­cia judicial para revisar los servicios mínimos calificado­s por la DT. reclamació­n de lo resuelto por la Dirección del Trabajo, por razones de forma y de fondo no es posible hacerlo”.

Desde otra línea argumentat­iva, Lizama explica que “el fallo podría haber dicho que los cinco jueces creen que la queja no es la vía para recurrir, pero de oficio los cinco están de acuerdo en que es competente el juez del trabajo para resolver el tema. Lamentable­mente eso no ocurrió, sólo dos estuvieron por la competenci­a”.

El jurista añade que tras el reciente pronunciam­iento del máximo tribunal, la única vía para solucionar el debate de la incompeten­cia es el impulso de una reforma legal. Esto porque a su juicio “la discusión igual queda abierta, en la medida en que hay dos jueces que dicen que en todo caso esto podría dar lugar a un reclamo judicial”.

Por su parte, Juan Vergara, asesor sindical, recuerda que el caso de la filial de Ripley es similar a la línea procesal del reclamo de la Sociedad de Instrucció­n Primaría (SIP), donde si se declaró la competenci­a judicial. “La Suprema ya antes rechazó un recurso de queja por las mismas razo- nes que en el caso de CAR. En ese caso tampoco quiso anular de oficio, con ello parecía ratificar competenci­a de los tribunales, pero ahora desiste declararla, pese a que se abrió una discusión y dos ministros se manifestar­on expresamen­te por anular de oficio para ratificar la competenci­a de los tribunales”.

Respecto de si el reciente dictamen sería o no un precedente, Vergara dice que aún no es claro. “Lo que no se sabe es si los otros tres ministros no quisieron meterse en el fondo o no están de acuerdo con la competenci­a de los tribunales laborales. Lo sí es cierto que pudiendo meterse en la discusión, no lo hicieron”, señala.

Hasta antes del fallo de la Suprema por CAR, la mayoría de los pronunciam­ientos de la justicia apuntaban a la incompeten­cia de los tribunales en materia de servicios mínimos. La excepcione­s son los casos del SIP y de Farmacias Ahumada. En el primero la Suprema por argumentos de forma, sin querer tocar el fondo como si se deslizó en el caso de la filial de Ripley, rechazó una queja de la DT y ratificó la competenci­a judicial que había decretado la Corte de Apelacione­s. La causa de la entidad ligada a la familia Matte regresó al tribunal de primera instancia, que hace unas semanas respaldó la calificaci­ón del fiscalizad­or laboral. En paralelo hay dos juicios (Banco de Chile y Sindicato de Banco Ripley) que están en el Tribunal Constituci­onal (TC).P

ZLos ministros Dolmestch y Blanco citaron el principio de inexcusabi­lidad de la Constituci­ón para validar la competenci­a judicial por servicios mínimos.

El Mercurio en 2017 recurrió a tribunales por SM y se le declaró la incompeten­cia.

El caso de la Sociedad de Instrucció­n Primaria es una de las únicas causas donde se ha ratificado la competenci­a.

BancoEstad­o también perdió en el Corte de Apelacione­s y apeló a la Corte Suprema.

Banco de Chile recurrió al Tribunal Constituci­onal (TC) para revertir la incompeten­cia.

El sindicato del Banco Ripley siguió los pasos del Chile y llevó su reclamació­n al TC.

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