Las últimas apuestas de Dominga tras la fallida conciliación ante el Tribunal
El Gobierno resolvió no participar en el proceso que buscaba iniciar el organismo dirigido por Daniel Guevara. Con ello, se alejaron de la polémica y dejaron la resolución en torno a la iniciativa en manos de una instancia judicial.
—“Queremos destacar que el día hoy se llevó a efecto la diligencia decretada y que concurrieron a la audiencia la totalidad de los intervinientes con excepción del Servicio de Evaluación Ambiental, organismo que el día de hoy en la mañana se excusó de participar en la conciliación. Dicho esto, la causa pasa al estado de dictar sentencia, la que como Tribunal quisiéramos dictar prontamente, ojalá dentro del mes de abril”. La declaración del magistrado Daniel Guevara, presidente del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta fue corta y concisa. Acusaba recibo de la baja del Gobierno en el proceso de conciliación, que partiría ayer reuniendo al Servicio de Evaluación Ambiental con los representantes de Andes Iron, controlador del proyecto minero-portuario Dominga, en torno a las bases de una conciliación que habían preparado por semanas el equipo jurídico del debutante tribunal.
Sin embargo, horas antes de dar el vamos al esperado proceso, del cual el magistrado Guevara esperaba que marcara “un hito en el modo de hacer justicia ambiental”, la conciliación fue desestimada. El anuncio público corrió por parte de la ministra de Medioambiente Marcela Cubillos. La secretaria de Estado informó que el Gobierno no participará en el proceso debido a que “el objeto de lo que se alega por parte de la empresa es la ilegalidad de un acto administrativo”. La administración, agregó Cubillos, creía necesario un fallo del tribunal sobre la materia sometida a su decisión y no una conciliación.
Andes Iron es propiedad en un 75% de la familia Délano.
Bajada. El Gobierno se restó del proceso vía escrito, a sólo horas de que comenzara.
“Lo queremos corregir por la vía legal, por la vía de las potestades más bien institucionales y no por esta vía, o si no corremos riesgos de que haya mucha mayor incertidumbre en los proyectos, porque a la larga cualquier proyecto puede pensar que la judicialización lo va a terminar a ayudar en una negociación directa y, por lo tanto, todas las etapas anteriores pueden perder bastante fortaleza”, sostuvo.
Cubillos advertía así que declinaban participar en un proceso de conciliación porque “la prioridad es fortalecer la institucionalidad ambiental, las etapas de participación previa, los análisis técnicos que se hagan”, detalla. ¿La solución? En este caso, pasaba por el pronunciamiento jurisdiccional, tal como se detalló en el documento presentado por el Ejecutivo ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.
Con estas acciones, el Gobierno se alejó de la polémica y dejó la resolución en torno a la polémica iniciativas en manos de una instancia judicial.
De esta manera, al Tribunal sólo le queda dictar sentencia en 30 días judiciales. Es decir, antes del 18 de abril. En un escenario favorable para la minera, el Tribunal acogería lo solicitado por Andes Iron y retrotraería el proyecto minero hasta el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), lo que dejaría inmediatamente sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y, por lo tanto, lo resuelto por el Comité de Ministros. En ese caso, la Comisión de Evaluación de Coquimbo -que rechazó la viabilidad de Dominga, con el voto adverso del intendente PPD Claudio Ibáñez-, debería volver a reunirse para calificar nuevamente el proyecto. Pero esta vez los votos deberían ser fundados en relación con lo señalado por el SEA en el ICE, comentan conocedores del proceso. Es decir, los votos de rechazo deberán desvirtuar o desestimar los argumentos del SEA que proponía calificar favorablemente el proyecto.
Esta es también la apuesta del ex presidente del SEA, Jorge Troncoso. “El caso de Dominga así como el de Tronaduras en Magallanes son situaciones en las que no se han respetado las regulaciones que rigen la evaluación ambiental de proyectos. En ambas situaciones los votos de los miembros de las comisiones que resolvieron en contra de esas iniciativas no reunieron el estándar de fundamentación necesaria y que exige la normativa para rebatir lo recomendado por el SEA”, precisó.
En un escenario de un fallo adverso para Dominga, la resolución de rechazo del proyecto seguiría a firme. Es decir, se ratifica lo resuelto por la Comisión de Evaluación de Coquimbo y lo decidido por el Comité de Ministros en cuanto a no acoger el recurso de Dominga. En es escenario, Dominga podría recurrir a la Corte Suprema.
En ese contexto, la senadora DC, Yasna Provoste, hizo presente sus inquietudes sobre la imparcialidad del presidente del Tribunal Ambiental al afirmar que “ha sido público que el juez (Daniel Guevara) ha sido dos veces candidato por RN”, deslizó. No obstante manifestó que espera que la instancia legal tome en cuenta los reparos ambientales realizados al proyecto. “Esperamos que el Tribunal Ambiental haga un trabajo, muy acucioso y ojalá considere, más allá de los propios peritos que tengan, los aportes que hicieron durante la discusión del proyecto en la región de Coquimbo destacados científicos. Sus deliberaciones fueron muy decisivas en la resolución de Coquimbo. Creemos que acá hubo vicios en un comienzo, porque no se conocían los daños ambientales que generaba el proyecto”, recalcó.
Reacciones
El empresariado fue uno de los actores que reaccionó a sólo horas de que se diera término a la conciliación y se alineó con las razones dadas por la ministra de Medio Ambiente.
El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril Bernardo Larraín Matte, comentó que respetaba la atribución que tenía el Tribunal Ambiental de proponer las bases de una conciliación en lo que se refiere
a temas vinculados con el impacto ambiental y mitigaciones a la línea base ambiental, que fue el tema que se esgrimió en el Comité de Ministros para rechazar el proyecto. Sin embargo, agregó que no le parecía razonable que esa conciliación respondiera a la demanda de ilegalidad de un acto administrativo. “Aparentemente lo que sostuvo el SEA es que se abstenía de participar en esta conciliación porque estimaba que el titular estaba reclamando por la ilegalidad de un acto administrativo, por la cual no cabe una conciliación”, añadió.
A su juicio más allá del análisis legal, “es importante que el Gobierno de señales tempranas de que el desarrollo de proyectos de inversión, no es solamente coherente con la necesidad de reactivar la inversión, sino que también puede potenciar el cuidado y la preservación de zonas ecológicamente valiosas como el de los pingüinos de Humboldt”.
Desde la Sociedad Nacional de Minería, su presidente Diego Hernández señalór que la decisión adoptada por el Comité de Ministros tuvo consideraciones políticas y no técnicas. Además, coincidió con el Gobierno en que hay que esperar el fallo del Tribunal Ambiental. “Esa decisión fortalece la institucionalidad ambiental”, aseguró y añadió que si bien el proceso de conciliación es una instancia a la cual puede recurrir el Tribunal, tal mediación podría constituir un precedente y transformarse en una regla del proceso ambiental.
“Como gremio hemos planteado la necesidad de revisar la actual normativa ambiental, para que sea efectiva y permita el desarrollo de proyectos y la protección y cuidado del medio ambiente, evitando la aplicación de criterios de otra naturaleza”, recalcó Hernández.
El Gobierno había anunciado que esperaba perfeccionar al SEA por via de un proyecto de ley, según lo declarado por la ministra Marcela Cubillos.
El anuncio público corrió por parte de la ministra de Medioambiente, Marcela Cubillos.
La senadora DC, Yasna Provoste, hizo presente sus inquietudes sobre una supuesta imparcialidad de Guevara.
El empresariado se alineó con las razones dadas por la administración del Presidente Sebastián Piñera.
En agosto, el Comité de Ministros rechazó la reclamación de Andes Iron. La polémica escaló y provocó la salida del gabinete económico de la anterior administración.