Un incompleto balance del primer año de la reforma laboral
Los números que se conocen sobre la cantidad de huelgas, definición de servicios mínimos o judicialización, no son suficientes para sacar conclusiones. Los informes deben ser integrales.
El domingo pasado se cumplió un año desde la entrada en vigencia de la Reforma Laboral, que modificó el Libro III y IV del Código del Trabajo con el objetivo de “modernizar y mejorar las relaciones entre empleadores y empleados”. Pero a la hora de los balances, persisten muchas dudas. El Consejo Laboral Superior, una entidad tripartita -donde participan gobierno, empresarios (CPC) y trabajadores (CUT)-, cuyo fin es monitorear la implementación de la normativa, elaboró un informe aún preliminar que muestra que por primera vez la tasa de sindicalización (en empresas privadas) superó el 20%. Desde ese punto de vista, la administración parece haber cumplido parte de su cometido, y ratifica que más que laboral, fue una reforma sindical. Entre 2014 y 2017, la tasa de sindicalización subió en 4,7%, situándose en 20,9%. En todo caso, la realidad por tamaño de empresas es completamente desigual, dado que las de mayor tamaño la tasa de sindicalización llega a 68%, en las pymes es muy inferior. Pero también el informe muestra que al 2017, se han llevado a cabo 491 calificación de servicios mínimos. De estos, en la mayoría no hubo acuerdo entre trabajador y empresa, debiendo acudir las partes a la Dirección del Trabajo (DT) para su definición. En cuanto a la judicialización de los servicios mínimos, de los 286 casos que ha tenido que revisar la DT, el 9,4% (27) ha llegado a los tribunales laborales. Si bien las autoridades laborales anteriores sacaron positivas conclusiones de estos números por su baja conflictividad, se debe dejar establecido que un año es poco tiempo para realizar un balance integral de la reforma. Se deben tomar en cuenta otros múltiples factores, como el ciclo económico, las expectativas, cuánto pesó el efecto anticipación de las empresas que decidieron adelantar las negociaciones previo a la entrada en vigencia de la reforma. Además, el resultado final para saber si el cambio ha sido positivo debe considerar, por ejemplo, el efecto en el mercado laboral en relación a salarios, o el traspaso de trabajadores hacia el mercado informal o con menos garantías.P