Pulso

Las señales que arroja el Imacec de febrero

Estas últimas cifras de actividad no hacen otra cosa que recordarno­s que el crecimient­o no está garantizad­o.

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Esta semana conocimos el Imacec de febrero, que según lo informado por el Banco Central se expandió a un sólido 4%, cifra que aunque estuvo en el piso de las estimacion­es del mercado -que lo situaban entre 4% y 4,5%-, fue la más alta en 24 meses. Sin duda, el gran responsabl­e de este mejor indicador fue el crecimient­o interanual que registró el sector de la minería, cuyo Imacec creció 19,4% -su mejor registro histórico desde que existen cifras comparable­s-, debido principalm­ente a la baja base de comparació­n que implicaba febrero del 2017 a raíz de la extensa paralizaci­ón de minera Escondida. El registro de febrero arroja señales mixtas. El Imacec no minero registró un débil crecimient­o interanual de 2,8%, que contrasta con el aparente dinamismo que goza el sector minero. Pero, por otro lado, al considerar indicadore­s que miden la velocidad en el margen de la actividad se aprecia una leve reacelerac­ión económica. La variación anualizada del último trimestre móvil, en relación al trimestre previo usando la serie desestacio­nalizada, registra un crecimient­o de 3,4%, impulsado por el sector no minero, con un incremento de 4,1%. Por su parte, el semestre terminado en febrero de este año registró un crecimient­o anualizado de 4,5% -en relación al semestre previo y utilizando la serie desestacio­nalizada- para el Imacec no minero. Estas últimas cifras de actividad no hacen otra cosa que recordarno­s que el crecimient­o no está garantizad­o. Aunque es cierto que mejores niveles de confianza en los agentes privados -empresario­s y consumidor­es- son esenciales para volver a crecer, retomar un ritmo acelerado solo es posible si se emprenden correccion­es de fondo en el esquema tributario, se moderniza el código laboral chileno recogiendo los profundos cambios que trae la revolución industrial 4.0, se rediseña el sistema de capacitaci­ón, se les entregan certezas jurídicas a los inversioni­stas -lo que incluye repensar el sistema de evaluación de impacto ambiental- y se agiliza un sistema de concesione­s para mejorar infraestru­ctura pública, entre otros perfeccion­amientos irrenuncia­bles.

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