Derechos históricos, sectores económicos y estabilidad para Chile,

EL SENADOR Manuel José Ossandón, en el marco de la discusión para perfeccionar la Ley de Pesca, presentó un proyecto de ley que propone subastar los derechos de la pesca industrial y renovar los permisos de operación cada un año, argumentando que estos derechos “fueron asignados sin licitación” y que tienen “una duración excesiva” (hoy de 20 años renovables). Estos planteamientos, recibieron apoyos, pero también críticas, principalmente por la natural imposibilidad de desarrollar una actividad económica sujeta a la obligación de ofrecer sus permisos de operación cada 365 días. El espíritu de esta propuesta abre una discusión que podría ser compleja para la seguridad jurídica y estabilidad de varias actividades económicas en nuestro país. Por ejemplo, el Código de Aguas permite la inscripción de los derechos a quienes explotan el recurso, lo mismo para las concesiones mineras: ambas se asignan a particulares sin licitación, sino por el uso, inversión y riesgo en desarrollar la actividad. En la industria televisiva el caso es similar, desde el año 1970 se otorgaron concesiones gratuitas y perpetuas a los 4 operadores existentes, sin licitación. Todas estas actividades se sustentan en el mismo precepto legal de los industriales que desde los años 50´ solicitaron al Estado permisos de pesca para explotar los recursos del mar, desarrollando a su propio riesgo una actividad, que otorga empleo formal a miles de personas. Por lo mismo, de seguirse la propuesta del senador, el Estado procede- ría a afectar–por la vía de anualizar las renovaciones u otras indicaciones creativas que se han enarbolado- las cuotas de pesca contempladas en las autorizaciones vigentes; incurriéndose en una expropiación, con implicancias muy complejas. Primero, se privaría del derecho a pescar a quienes hoy ejercen una actividad económica lícita. Tal expropiación requiere fundarse en una causa de utilidad pública o el interés de la Nación, la cual no se vislumbra en parte alguna del proyecto, ya que la licitación propuesta tiene por objeto beneficiar a otros privados, convirtiéndose en un mero intercambio de sujetos, ahora con derechos más precarios. Ello con el gravamen adicional que el Estado debería indemnizar a los afectados, distrayendo recursos de las reales necesidades que presenta el país. Asimismo, esta propuesta es también paradójica, dado que actualmente los derechos de pesca del sector industrial son finitos y renovables, pero los del mundo artesanal son perpetuos y heredables. Grave discriminación que se suma a que los pescadores artesanales –a quienes el senador dice representarno cuentan con la capacidad de subastar la cuota industrial sin alterar gravemente las condiciones de competencia abierta y no discriminatoria que plantea el mensaje del proyecto. ¿Entonces a quienes benefician realmente las licitaciones que se intenta imponer? Esa es la pregunta que corresponde responder.

Abogado