Fallo por Dominga revela la fragilidad del sistema
La incertidumbre del sistema afecta la inversión y el ambiente de negocios, ante lo cual el gobierno debe hacerse cargo de esta realidad y hacer cambios en el camino de acabar con los factores políticos en el futuro de los proyectos.
El Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, resolvió acoger el recurso de reclamación presentado por la empresa Andes Iron en contra de la decisión del Comité de Ministros que en agosto rechazó el permiso ambiental del proyecto minero portuario Dominga, y decidió que la instancia previa que negó dicha aprobación, la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Coquimbo, vuelva a revisarlo.
El fallo ordena “retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental a la etapa posterior al Informe Consolidado de Evaluación, de manera tal que se proceda en una nueva votación – esta vez ajustada a derecho- de parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo”.
El fallo es contundente, y viene a ratificar lo que de alguna u otra manera dejaba entrever la salida del equipo económico del gobierno pasado: el proceso no se ajustó a derecho. Pero las declaraciones posteriores de la exseremi del Ministerio de Obras Públicas de Coquimbo a este medio fueron más allá. Reconoció que hubo presiones políticas, dando una serie de detalles. Estas denuncias sumado al fallo del Tribunal son graves y demuestran que el sistema es vulnerable a factores ajenos a fundamentos técnicos. Ante estas revelaciones, es fundamental que la actual administración apunte a una reforma al sistema de evaluación ambiental de proyectos que vaya en la dirección de que sean razones técnicas las que determinen el futuro de un determinado proyecto.
La incertidumbre que conlleva el sistema actual sin duda perjudica la inversión y el ambiente para hacer negocios. Si hay pasos técnicos y reglas claras establecidas con antelación, toda instancia política en el sistema -y que es donde se ha dado la mayor incertidumbre- no tiene sentido de existir. En todo caso, cualquier sistema, por muy técnico que sea, supone la buena fe de sus integrantes y no abusar de sus atribuciones, como ocurrió, de acuerdo al fallo del tribunal, en el CEA en el caso de Dominga.P