Participación ciudadana y reforma al SEIA,
DURANTE los últimos días asistí en mi calidad de vecina a un proceso de Participación Ciudadana de un mega proyecto inmobiliario en Ñuñoa. Este proceso daba cuenta de todas las críticas que en el último año hemos estudiado y levantado en el contexto de la realización de una propuesta para crear una Institucionalidad de Diálogo Territorial.
En este proyecto inmobiliario al ser una declaración de impacto ambiental, el titular no tenía la obligación de desarrollar un proceso participación ciudadana, sin embargo, los vecinos lo exigieron y la empresa terminó cediendo a la demanda. El mecanismo a estas alturas se percibe inevitablemente como tardío y poco incidente. Los vecinos y vecinas desconfían de él, pero aseguran que hay que usar todas las instancias. Los dirigentes sociales realizan jornadas de capacitación para desarrollar observaciones. El objetivo es que se reconozcan los efectos en el medio ambiente para que se obligue al titular a realizar un estudio de impacto ambiental que contenga líneas bases sobre aspectos que parece desconocer, al menos, frente a las preguntas realizadas por los vecinos sobre: impactos en alcantarillado y la potencia en agua potable, las vías de escape frente a emergencias, impacto vial en general e impacto vial acumulativo con la construcción del Proyecto de Américo Vespucio (AVO), entre otros.
Queda en evidencia una fatiga del diálogo. Si seguimos haciendo más de lo mismo solo agudizaremos las desconfianzas, malestares y frustraciones. Llegó el momento de avanzar a un diálogo con resultados. Urge en- tonces modificar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en lo referido a diálogo y participación ciudadana. Así como también separar las mitigaciones y compensaciones ambientales de la inversión social, los acuerdos voluntarios y los acuerdos de beneficios compartidos
Se requieren diálogos robustos, con representantes preparados, información transparente y oportuna, con datos confiables y en un lenguaje comprensible. Instancias donde las conversaciones se orienten a acuerdos con una visión estratégica de desarrollo territorial que articule la inversión social con la pública.
Es necesario que los procesos de diálogo vengan aparejados de mecanismos de habilitación para todos los actores; que el Estado tenga un rol multi garante; y que exista un proceso temprano para acordar de forma participativa, entre la empresa y los diferentes actores, con información completa y simétrica, en qué condiciones el nuevo proyecto de inversión sería compatible con el territorio.
La propuesta de crear una Institucionalidad de Diálogo Territorial es un cambio de paradigma sobre como entendemos la participación ciudadana, valoramos el diálogo y aseguramos el desarrollo de los territorios. Si queremos hacer de las inversiones plataformas efectivas de desarrollo territorial, debemos reconocer las limitaciones que presenta el sistema y atrevernos a hacer los cambios necesarios. ℗