Mejoras al sistema de capacitación
Cualquier iniciativa que apunte a modernizar el sistema de capacitación debe partir por la adecuada focalización de los recursos públicos. Además, los programas deben privilegiar las competencias que demanda el mercado actual.
Uno de los énfasis que quiere marcar el gobierno en materia laboral es un proyecto de reforma profunda al sistema de capacitación. El diagnóstico sobre el débil impacto que tiene el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) sobre el mercado laboral es aceptado transversalmente hace muchos años, no solo por el mundo político, sino también por los líderes del mundo empresarial y sindical.
El sistema de capacitación chileno destina cuantiosos recursos a programas de baja empleabilidad y con un sesgo hacia trabajadores de empresas grandes, por lo que en la práctica quedan excluidos trabajadores de empresas pequeñas y medianas, que son justamente aquellos que -en promediotienen menor escolaridad y que, por lo tanto, requieren de mayor inversión en capacitación.
El ministro del Trabajo anunció que la iniciativa legal contempla mayor fiscalización de los recursos, así como también de los organismos de capacitación. Además, se incorporará a los centros de formación técnica e institutos profesionales como parte de la oferta de programas de capacitación.
Cualquier iniciativa que apunte a modernizar el sistema de capacitación debe partir por la adecuada focalización de los recursos públicos. Además, los programas de formación laboral deben privilegiar las competencias que demanda el mercado actual, más que replicar capacidades obsoletas o de baja empleabilidad. Esta reestructuración profunda del sistema debe hacerse velando por mantener aquellos organismos de capacitación que han demostrado eficiencia en sus funciones, de manera de evitar un apagón formativo en el proceso de la implementación del nuevo sistema.
Pero quizás el mayor desafío es la creación de mecanismos de fiscalización que garanticen que los recursos públicos -independiente de si son asignados por el Estado o vía franquicia tributaria- vayan efectivamente a programas que complementen las competencias laborales de los chilenos y no a engrosar maliciosamente las utilidades de las empresas.