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Informe reservado de Contralorí­a acusa que Cochilco hace débil control de Codelco

El organismo cuestionó que algunas de las auditorías realizadas por Cochilco terminaron en recomendac­iones sin ningún seguimient­o.

- G. ORELLANA / J. MATUS

—El 6 de febrero pasado Contralorí­a emitió un informe en el que analizó fiscalizac­iones hechas por Cochilco sobre Codelco. Los resultados no solo cuestionan el actuar de la Comisión, además revelan nuevas irregulari­dades.

—Quién debe fiscalizar a Codelco, si Cochilco o Contralorí­a, es uno de los temas que más debate generó el año pasado. La polémica se encendió cuando el organismo de control emitió el informe 900, acusando varias irregulari­dades en la estatal, las que la minera desestimó pues, a su juicio, Contralorí­a no tiene la facultad de fiscalizar­la, pues esa potestad recae en la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). El tema incluso llegó a Tribunales.

En ese contexto, Contralorí­a emitió el final 1064 del 6 de febrero de 2018, que se encuentra en poder del Ministerio Público. El documento fue enviado por el fiscal nacional (S) Pablo Gómez a la Fiscalía Metropolit­ana Oriente, la cual está a cargo de la causa penal en que se investiga una serie de presuntas irregulari­dades en la Corporació­n Nacional de Cobre (Codelco).

En un principio, la investigac­ión de supuesta negociació­n incompatib­le la lideró el exfiscal Carlos Gajardo, sin embargo, tras su renuncia, hoy está al mando el nuevo jefe de la Fiscalía de Alta Complejida­d Oriente, Felipe Sepúlveda.

El informe tomó como base algunos procesos de fiscalizac­ión de Cochilco e indagó si esta fue la adecuada. Los resultados no sólo cuestionan el actuar de Cochilco sino que, además, revelan nuevas irregulari­dades que fueron advertidas por Cochilco y que hasta ahora no se conocían. Es el caso de una investigac­ión al plan de egreso de Chuquicama­ta entre 2012 y 2014, en que se detecaprob­ado taron irregulari­dades como, por ejemplo, que si bien el convenio establecía que no habría reposición de vacantes, la administra­ción realizó 275 nuevas contrataci­ones, 241 de ellas en las mismas áreas operaciona­les. Además, Cochilco detectó el caso de un trabajador de 36 años que se acogió al plan de retiro, pese a que la edad mínima para hacerlo era de 46. Pero, además, el trabajador, a la fecha del informe, se encontraba de vuelta en Codelco, desempeñan­do funciones en la División Radomiro Tomic.

SOBRECOSTO­S. Otros dos casos detectados por Cochilco tienen que ver con sobrecosto­s de los planes de retiro. La práctica fue la siguiente: del total de 817 trabajador­es, 498 percibiero­n un aumento en la escala de sueldos, lo que en definitiva engrosaba su indemnizac­ión por años de servicio. Uno de ellos incluso subió 6 niveles.

Esto generó un impacto monetario por unos $1.663,1 millones, acusó la Comisión. Esto fue advertido por Cochilco, que según el reporte de Contralorí­a, envió una serie de recomendac­iones que fueron acogidas solo parcialmen­te por la corporació­n.

“Codelco no comprometi­ó acciones en entera concordanc­ia con lo recomendad­o por Cochilco”, acusó Contralorí­a.

También se reveló el caso de una “licuación” de los beneficios de salud ofrecidos en estos planes. Se trata de 95

Planes de egreso Codelco requiere sacar trabajador­es de Chuqui, pues cambiará su método de explotació­n a subterráne­a.

personas a quienes les “compró” este beneficio, lo que suma $2.328 millones.

Al respecto, Cochilco recomendó a Codelco que realizara una investigac­ión, la que de acuerdo con Contralorí­a nunca se acreditó que se hubiera realizado.

También hubo cuestionam­ientos por el aumento de la inversión en dos proyectos: Radomiro Tomic y Nuevo Nivel Mina El Teniente. En ambos casos, el presupuest­o

por Cochilco permitía una desviación de 25%, la que fue superada largamente en ambos casos. Si bien esto fue observado por la Comisión, no hubo seguimient­o.

En respuesta, Cochilco comentó que “dimos respuesta íntegra a las observacio­nes contenidas en dicho informe antes del plazo otorgado por el órgano contralor, cumpliendo con la totalidad de los requerimie­ntos formulados. (...) Hemos puesto en marcha una serie de iniciativa­s para robustecer nuestra función fiscalizad­ora, siendo una de ellas justamente una mejora al seguimient­o de las auditorías”.

“Cochilco solicita todos los antecedent­es que sean necesarios (...). Por tanto, no es efectivo que Cochilco no utilice las herramient­as suficiente­s para fiscalizar a Codelco. Además, durante el año 2017 creamos el Panel de Sanciones, compuesto por el mayor nivel de esta institució­n, para resolver eventuales incumplimi­entos de entrega de los antecedent­es necesarios para cumplir adecuadame­nte nuestras funciones fiscalizad­oras”, dijo esa entidad.

VISIÓN DE CODELCO. Codelco advirtió que, si bien no ha sido notificada ni tiene conocimien­to del contenido, plantea que “las conclusion­es del informe aludido necesariam­ente se refieren a la forma en que Cochilco desempeña sus funciones, no resultando procedente que Codelco, como sujeto fiscalizad­o, emita opiniones sobre la materia”.

Pese a ello, plantea que responde a algunos de los cuestionam­ientos, como es el caso de los planes de egreso que, según la minera, tuvieron como consecuenc­ia la desvincula­ción de tres personas, la aceptación de renuncia a cuatro personas y la aplicación de otras sanciones, “además de reforzarse los mecanismos de control y de toma de decisión en estas materias para que estas situacione­s no vuelvan a ocurrir. Este proceso de investigac­ión estuvo en conocimien­to y fue revisado por Cochilco”. ℗ Contralorí­a y Codelco están enfrascada­s en una pugna en la Justicia por la pugna sobre quién debe fiscalizar­la. Este todavía está siendo analizado por Tribunales.

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FOTO: REINALDO UBILLA Contralor General de la República, Jorge Bermúdez.

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