Por una ley que profesionalice el corretaje, por Tomás Mena

LA VIVIENDA es el mecanismo de ahorro más relevante para un alto porcentaje de la población en nuestro país. Comprar una propiedad o encontrar un arriendo a un precio justo y en buenas condiciones es una preocupación permanente para quien se encuentra en la búsqueda.

Es por eso que vemos con preocupación cómo año a año crece el número de corredores de propiedades poco profesionales que entregan escasas garantías para cientos de personas que dejan en sus manos la asesoría.

En una transacción inmobiliaria de compra, venta o arriendo existe una asimetría de información, siendo el comprador o el arrendador el más desprotegido. Por eso, creemos que urge avanzar en el proyecto de ley que crea un registro nacional de corredores de propiedades y que busca regular el ejercicio de dicha actividad, y que en la actualidad se encuentra en la Comisión de Economía de la Cámara Alta.

No queremos que este proyecto pase al olvido, ni que sufra mutilaciones que lo harían intrascendente; estamos hablando de una industria que mueve una parte muy importante de la economía de nuestro país y que al no estar regulada, afecta directamente al bolsillo de los chilenos.

Como señalamos en la Comisión de Economía del Senado hace unas semanas, queremos que el foco de la ley resguarde los intereses de las las personas y no proteja los intereses de los corredores, si estos no actúan bien. Si pretendemos que la industria mejore debemos ser exigentes, estamos hablando de un rubro que mueve 200 millones de UF al año.

Como Círculo de Corredores de Propiedades proponemos un registro nacional obligatorio para quienes intercedan en la transacción de una propiedad, de lo contrario nos seguiremos encontrando con el mismo problema, corredores de propiedades sin preparación e inescrupulosos que juegan con el dinero y tiempo de las personas.

Creemos que la única forma de dejar de lado la percepción “muy negativa” que existe respecto a los corredores de propiedades es profesionalizando al sector.

Debido a esto, consideramos que se deben exigir horas de estudios con contenidos claros. La actual ley habla de 432 horas, proponemos un piso mínimo de al menos 200 horas de capacitación, como el caso de EEUU o la rendición de una prueba que permita demostrar conocimientos, permitiendo garantizar una asesoría profesional que vele por los intereses de las personas.

Tenemos la convicción de que hoy existe una oportunidad única de revertir esta situación, que el corredor deje de ser un mal necesario. Creemos que un registro riguroso, sumado a la capacitación de los corredores, pueden lograr esta finalidad y una solución a la vida de cientos de personas que han sido o pueden estar siendo mal asesoradas.P