La discusión de salario mínimo que viene
Elevar el salario mínimo a $420 mil, desde su nivel actual de $276 mil, es una solicitud populista que no aporta a la discusión. Subir hasta ese monto generaría un deterioro del mercado laboral.
La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, afirmó que exigirá un sueldo mínimo de $420.000 en la negociación con el Ministerio de Hacienda. Rápidamente, y de manera correcta, el gobierno ya manifestó que ese número no es factible de alcanzar. Esta conversación que puede parecer trivial, no lo es. Las grandes compañías ya prácticamente no pagan el salario mínimo, por lo que cualquier aumento desmedido (es decir que vaya más allá de la productividad) implicará un golpe para las pequeñas y medianas empresas.
Es lamentable que las dirigencias sindicales hayan caído en esta exigencia populista; se espera más de este tipo de líderes. En momentos en que el mercado laboral continúa rezagado, sin duda que un pedido como el antes mencionado en nada ayuda. Actualmente en Chile el salario mínimo es de $ 276.000 y ha venido subiendo de manera persistente. En términos reales lo ha hecho de $ 205.031 en 2008 a $ 276.000 en 2018, es decir, un 35% de incremento.
Se debe tener cuidado de confundir salario mínimo con salario ético. Es cierto que cuesta imaginar que una familia pueda solventar un gasto mensual con el sueldo mínimo, pero el rol subsidiario, o de suplir las necesidades de las personas de menores ingresos, es del Estado. No se le puede entregar ese rol a las empresas.
Se debe tener en consideración que subir artificialmente los salarios, por sobre los niveles de productividad, tendrá una serie de consecuencias perniciosas. Es cierto que habrá personas que percibirán un mayor sueldo, pero una medida como la solicitada por la dirigenta sindical parece no considerar la cantidad de personas que no podrá encontrar empleo o que lo perderá a causa de ella. La sustitución sería una realidad. Se observaría un aumento del empleo informal, lo que tendrá consecuencias no solo en los salarios, sino también en las pensiones en el largo plazo.
Es por ello que se requiere responsabilidad en quienes son actores sociales relevantes.P