Gabriel Urenda se queda solo y cercado por dos fiscales
Gabriel Urenda está en problemas. Como gerente general de la cancelada Corredora de Bolsa Intervalores podría enfrentar multas por entregar información falsa al mercado. En los Tribunales de Justicia se acumulan en su contra más de 30 demandas por cargos que van desde apropiación indebida de fondos hasta estafa piramidal. La lista de cheques protestados también es larga. Él dice: “Quiero solucionarlo todo”. Y sus hermanos lo dejaron solo.
Andrés Montes es desde el 16 de enero fiscal de la Unidad de Investigación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Felipe Sepúlveda es desde el 1 de marzo fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad Oriente. Ambos, desde distintos puntos de la capital, son los hombres que aplicarán la “ley y el orden” en nuestro “Sanhattan”. Hoy, ambos, recién instalados en sus oficinas, lideran una investigación que tiene como imputado al mismo hombre: Gabriel Luis Urenda Salamanca, cabeza del holding Intervalores; director de la Bolsa de Comercio de Valparaíso hasta el 1 de junio; hijo del exsenador de la UDI y empresario viñamarino Beltrán Urenda Zegers y hermano de José Manuel Urenda, presidente de Agunsa y quien lleva hoy las riendas del negocio que los ocho hermanos heredaron el 2013, tras la muerte de su padre.
Gabriel Urenda (58) no es un imputado cualquiera. Los fiscales lo saben. Como también que, en esta, su primera causa ciento por ciento propia, la platea verá en vivo y en directo su mano justiciera. Como decíamos, Gabriel Urenda no es un imputado cualquiera. Hoy enfrenta demandas en lo laboral, civil y penal en juzgados de las regiones Metropolitana, V y VIII. Está investigado por presuntos delitos de estafa piramidal y apropiación indebida. Como gerente general de la Corredora de Bolsa Intervalores (creada por él en el 2000) enfrentaría cargos por incumplimiento de índices financieros y entrega de información falsa a los reguladores.
En paralelo, sus siete hermanos están cansados de ayudarlo. Cercanos a José Manuel Urenda señalan que esta vez no lo salvarán y que separarán aguas por completo. “Lo único que les interesa ahora es que no se siga enlodando el nombre de la familia, quieren que quede claro que Gabriel no participa en los negocios y que sus hermanos tampoco en los de él”, explican.
El mismo Gabriel Urenda reconoció en su declaración ante la fiscalía el pasado 7 de junio haber defraudado a 50 personas por cerca de $ 8.000 millones. Número que contrasta con la suma de las demandas presentadas hasta el viernes 6 de julio en los tribunales (donde la mayor parte ingresó el primer semestre de 2018). Aquí el número llega a los $ 5.000 millones.
Fuentes ligadas a la investigación hablan de unos 200 afectados, por lo que, se estima, continuarán llegando demandas a los tribunales.
Urenda repite patrones y adelantarse a los hechos es uno. Ya lo hizo este año. El 6 de marzo, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) le envía a la corredora una citación tras detectar nuevamente problemas de insolvencia en sus índices. Al otro día, la misma Intervalores pide voluntariamente la cancelación de sus operaciones. El fiscalizador no acogió su petición.
El inicio del fin
En proceso de cierre de sus empresas, con solo algunos empleados, dueño de una sola cuenta corriente personal, en posesión de varios autos, el último de ellos comprado hace tres años, sin compartir propiedades con su exseñora, Marian Schmid, y sin inversiones conjuntas con su actual pareja. Este es el estatus de vida que el propio Urenda dice tener hoy. No solo reconoce que sus problemas financieros se iniciaron tras la suma de dos eventos, la enfermedad y muerte de su padre y su quiebre matrimonial, sino que también dice: “Quiero solucionarlo todo”. Y se comprometió a levantar el secreto bancario de todas sus cuentas personales y sociedades relacionadas.
Desenmarañar la forma en que Urenda llegó a esta encrucijada requiere largo aliento. Hablamos de un hombre que tiene un pasado ligado a transacciones dudosas. Las conocidas públicamente son dos. El 2004, siendo vicepresidente de Schwager, ganó, en pesos de la época, sobre los $ 200 millones tras una rápida operación de compra y venta de acciones de esta misma compañía. Ocho años después, terminado el juicio, la SVS lo multó con 4.000 UF bajo el cargo de “uso de información privilegiada”.
Un año antes, Intervalores aparecía como una de las corredoras de Bolsa que intermedió papeles robados por un funcionario de Corfo. No
Gabriel Urenda enfrenta demandas en lo laboral, civil y penal en juzgados de las regiones Metropolitana, V y VIII.
Está investigado por presuntos delitos de estafa piramidal y apropiación indebida.
Como gerente general de Intervalores enfrentaría cargos por incumplimiento de índices financieros y entrega de información falsa.
Sus siete hermanos, que son dueños del grupo GEN, han decidido dar un paso al lado y no seguir ayudándolo.
fue hasta el año pasado que el bullado caso Inverlink logró cerrarse definitivamente en la Corte Suprema. Inapelablemente, Intervalores tiene que devolver alrededor de $ 700 millones.
Sus problemas de verdad, los más serios, partieron en 2015, cuando la Superintendencia de Valores y Seguros detecta por primera vez infracciones a los índices de liquidez de la corredora. En su oficio, el fiscalizador señala en uno de los párrafos que la corredora “incluyó en el patrimonio depurado, patrimonio líquido y en los activos considerados en los Índices de Liquidez General y Liquidez por Intermediación, sumas correspondientes a cuentas por cobrar a empresas relacionadas”. La investigación se tradujo en una suspensión de sus operaciones (entre el 4 de septiembre y el 21 de octubre). También le imputaron realizar “operaciones de pactos” y “financiamiento de relacionadas” los días posteriores a la suspensión.
Con todos estos antecedentes, el hoy CMF inició un “proceso sancionatorio” que el 3 de febrero de 2017 termina en 2.400 UF de multa total para la corredora, él y su gerente comercial, Sebastián González. No pierda de vista este nombre, ya que luego de ser su mano derecha por casi ocho años, el 18 de abril pasado Urenda lo despide por la causal 160, “falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones”. De ahí en más, Urenda se ha preocupado de decirles a los fiscales que lo investigan, como los clientes que le solicitan la devolución de sus fondos, que es González el responsable principal de sus problemas. “Estos dineros me percaté se fueron diluyendo en el tiempo por la mala o nula administración de Sebastián González respecto de esto”, dice Urenda en su declaración. González fue a declarar hace unos días a la fiscalía en calidad de imputado, pero no dijo nada, se acogió a su derecho a guardar silencio. En los próximos días volverá a hacerlo, esta vez, comentan cercanos, hablará, porque ya conoce los antecedentes.
El exgerente comercial retrucó, demandando laboralmente a Urenda. En el escrito presentado relata lo que él vivía al interior de la compañía. Con esta sanción (de la SVS el 2016) comenzó a deteriorarse rápidamente la situación financiera y reputacional de la empresa (…), pero respecto de lo cual los clientes, trabajadores y entes reguladores me pedían explicaciones a mí, ya que el gerente general, y dueño de la empresa, evadía este tipo de situaciones (…). Paralelamente, el señor Urenda, logrando persuadirme de que todo mejoraría, y rogándome ayuda en base a la relación personal que teníamos hasta entonces, este continuaba pidiéndome fondos personales para poder cubrir gastos operacionales y pagos a clientes urgentes, utilizando mis tarjetas de crédito personales, línea de crédito (…), dado que el señor Urenda no podía solicitar créditos en el mercado financiero, ya que se encontraba en el Boletín Comercial con variadas deudas personales”. Esta arista de la historia, ciertamente, continuará dando que hablar por un tiempo más.
Volvamos a Intervalores, que a inicios de este año prende las alarmas del CMF una vez más.
El 8 de marzo vuelve a ser suspendida, el 6 de junio se prorroga la suspensión y el 21 de junio el consejo del CMF publica dos noticias que terminan por dejar completamente expuestos sus problemas: cancelan las operaciones de la corredora y levantan la reserva que existía sobre la investigación que el fiscal de la CMF Andrés Montes llevaba a cabo en torno a la firma, para rematar con estas líneas: “La Comisión para el Mercado Financiero sugiere a las personas que han operado con Intervalores Corredores de Bolsa Ltda. consultar y revisar el estado de sus inversiones, contactando a dicha entidad o bien a la Bolsa de Corredores de Valparaíso, que mantiene la custodia accionaria. Finalmente, se hace presente al público en general que existen otras instituciones asociadas a esta entidad, que utilizan nombres similares, las cuales no son supervisadas por la CMF y respecto de las cuales carece de competencias para supervigilar sus actuaciones o velar por la entrega de información fidedigna a los inversionistas”.
Montes tiene nueve meses para juntar pruebas, antecedentes y formular cargos. Será el consejo quien los escuche y tenga la última palabra sobre las sanciones que se podrían llegar a aplicar. Repitiendo el patrón de buena voluntad y colaboración, Urenda se comprometió a entregarle a Montes todas sus cartolas bancarias. Esta historia… también continuará.
El holding
La corredora se crea a comienzos de este siglo, pero no es hasta el 2009 que se forma la Sociedad Holding (Intervalores S.A.), al parecer, con la idea de diversificar los productos y servicios entregados a sus clientes en el mercado financiero. Es así como de este paraguas se desprenden: Intervalores Capital, Intervalores Corredores de Bolsa, Intervalores Advance, Intervalores Global Markets, Intervalores Factorclick S.A., Intervalores Servicios Financieros e Intervalores Asesoría Financiera.
Urenda delinea, en parte, este entramado en su declaración. “En Intervalores Capital se hacían todos los negocios futuros en moneda, forwards operaciones de moneda extranjera con pago en el exterior para las inversiones en Bolsa en Estados Unidos, bonos, fondos. En el caso de Intervalores S.A., a partir del año 2012 o 2013 elaboramos, por intermedio del Estudio Barros y Errázuriz, un contrato de administración para nuestros clientes en donde se nos faculta para invertir en todo tipo de instrumentos financieros (…). Ya que tuvimos un proyecto de factoring creamos Intervalores Factor Click que finalmente no prosperó”.
Todas estas sociedades tienen un RUT individual, a Gabriel Urenda como su gerente general y a Carmencita 25 oficina 32 como dirección común. De hecho, es la misma dirección en las que tiene su oficina el empresario Omar Arab, quien, según el testimonio de Urenda y la demanda de González, fue la persona que este año entró a sus libros en representación de inversionistas extranjeros. Era la carta de salida que, al parecer, había encontrado Urenda para poder respirar: sumar un socio estratégico. Arab se limita a señalar que “por pedido de inversores extranjeros me tocó hacer una “mirada de negocios” de la empresa y el proceso terminó”, agregando que más detalles están ajenos a su alcance.
Lo concreto es que pese a ser muy extenso el holding, las empresas operativas, según declaró el propio Urenda, son la matriz del holding más las dos primeras de la lista. Es sobre ellas tres que este año comenzaron a aparecer demandas civiles y penales, más la laboral de González. Quien abrió los fuegos fue Panor, firma comercializadora de azúcar en Chile desde el 2007 y que por varios años tuvo una fluida relación comercial con Urenda, quien a través de Intervalores Capital se encargaba de los pagos a proveedores en el exterior.
A fines de 2017, Panor licitó a Intervalores la compra de divisas a objeto de cumplir con el pago de 34 facturas de importación emitidas por dos de sus proveedores. Las facturas debían pagarse entre el 20 de diciembre y el 5 de enero del 2018 y sumaban US$ 450.000. Pero los pagos no se habrían hecho y la dupla Urenda/González habría falsificado los comprobantes, supuestamente emitidos por el Deutsche Bank en Estados Unidos, donde se demostraba que los dineros habían sido transferidos al exterior para, desde allá, pagar las facturas de Panor. Faltas de ortografía los habrían delatado. Carey y Cía. es el estudio de Panor, quienes, tras perder la paciencia, impusieron una querella criminal por apropiación indebida, falsificación y uso malicioso de instrumento privado y uso indebido de valores en custodia.
Esta no era la única línea de negocios paralela de Urenda. También recibía fondos de privados para ser invertidos por él. La demanda interpuesta por Casablanca Inversiones en Concepción retrata cómo operaba él en este nicho de mercado. Hay varias con similar descripción. “Casablanca Inversiones Ltda. encarga a Intervalores la administración de $ 150 millones con la finalidad de que sean invertidos en los negocios que este último considerase oportunos. Según lo estipulado, el capital adeudado devenga intereses en base a 30 días a contar de la fecha de suscripción del contrato y hasta la fecha de pago íntegro y efectivo, que es en todo el tiempo, durante cada periodo de intereses igual a 0,65% del capital adeudado, durante toda la vigencia del mandato”.
Según se explica en la demanda, los pagos de intereses se hicieron regularmente hasta abril del 2018, pese a que en marzo Casablanca Inversiones ya había solicitado el rescate total de fondos, “lo que no sucedió”, señalan. Decenas de estas deudas Urenda intentó cubrirlas con cheques, por lo que la lista de protestos también se suma a sus otras causas. Como los capítulos anteriores, esto también continuará.
Cercanos a él justifican su actuar señalando que se trata simplemente de un negocio fallido, que la salida de escape está en manos de los abogados y que con seguridad todo se va a aclarar.
Lo que sí es seguro, por ahora, es que a la herencia recibida tras la muerte de su padre no podrá recurrir para saldar las deudas, ya que la sucesión de los hermanos Urenda Salamanca estaría “congelada” en el Tribunal Tributario de Valparaíso, luego de que se les objetara el impuesto a la herencia. Y esta historia también continuará. Ⓟ