La fuerza que mueve a Chile necesita mayor compromiso,
LOS ÚLTIMOS años han sido favorables para la Educación Técnico Profesional (TP) en Chile. Entre las iniciativas destacadas, están la ampliación de gratuidad para los estudiantes técnicos profesionales del 70% más vulnerable a partir del
2019, con una meta de 90% en los siguientes cuatro años. Otra de las medidas relevantes fue la creación del Consejo Asesor de Formación Técnico Profesional en 2016, con el fin de articular una estrategia nacional en torno al desarrollo entre la educación y el trabajo, lo que incluyó una red nacional de CFT estatales. Sin duda, la formación técnica crece, especialmente en la educación superior: esta opción es elegida por dos de cada cinco jóvenes en nuestro país. Sin embargo, aún se necesitan políticas públicas y un mayor liderazgo por parte del sector empresarial que respalden a estos jóvenes y los motiven a seguir eligiendo la educación técnica para formar su futuro.
Entre los temas pendientes, está la conexión que debe existir entre lo que ocurre en la sala de clases y el mundo real. En muchos casos, los jóvenes enfrentan un futuro con herramientas que no siempre son útiles. Eso es, posiblemente, el aspecto más relevante de su formación: que los alumnos cuenten con las herramientas necesarias para poder incorporarse de manera real y efectiva en el mundo laboral. Por eso es que sostenemos firmemente que no es posible concebir la educación media técnico profesional desconectada de las empresas: éstas deben involucrarse, invertir y poner a sus expertos a disposición de los jóvenes aprendices, abriendo sus organizaciones como espacios de formación; sin pensar el retorno inmediato, sino con una visión de mediano plazo.
Sin embargo, nos encontramos con una problemática a nivel país: no todas las empresas pueden o quieren ofrecer vacantes para que los jóvenes “aprendan haciendo”. Agreguemos a esto que las normativas del Ministerio de Educación tampoco facilitan este vínculo. Nuestro llamado es al gobierno para que defina incentivos dentro de sus políticas públicas que potencien esta relación, y a las empresas a jugar un rol estratégico, y no seguir mirando su vínculo con los liceos desde la perspectiva de la RSE. Hoy en día hay varias empresas que así lo han entendido, pero ciertamente no es suficiente, puesto que el aumento de jóvenes que requieren estudiar en modalidad dual en Chile va en aumento año a año.
Un claro ejemplo de compromiso del sector productivo con leyes inclusivas es la recientemente promulgada Ley de Inclusión, que incentiva las posibilidades laborales de las personas registradas con discapacidad, y que está teniendo un impacto real y efectivo.
Solo a través del desarrollo de altos estándares formativos en los jóvenes que optan por la educación técnica en la enseñanza media, estaremos ofreciendo a nuestros jóvenes la libertad de poder construir un futuro real. Y para ello, es esencial el involucramiento y compromiso de las empresas de Chile para así lograr generar un puente entre la educación y el sector productivo lo más cohesionado posible para así construir una sociedad más integrada y sin limitaciones para nuestros jóvenes. P