Fondo de Infraestructura: el silencio de las AFP,

EL Fondo de Infraestructura (FI) estaría próximo a constituirse. Este instrumento, tan discutido durante el gobierno pasado, estaba pensado para ser el canal a través del cual el Estado ponía una serie de activos a disposición de una entidad de su propiedad. Estos debían usarse para promover distintas estrategias de ingeniería financiera y así canalizar recursos privados hacia grandes proyectos de infraestructura pública, a ser realizados a través de diferentes modalidades de asociación público privado.

Esta entidad del Estado contaría con un patrimonio suficientemente potente y líquido (constituido por los recursos que entregaría la segunda generación de concesiones de obras de infraestructura pública a tarifas similares a las actuales, habiéndose pagado su inversión) como para responder ante contingencias que pudiesen tener lugar entre los proyectos que apoyase. Entre estas se pueden señalar riesgos de demanda, geológicos y ambientales. El FI permitiría, entonces, estructurar modalidades de financiamiento a largo plazo que no cuentan con un mercado de garantías y que, por lo tanto, requieren algún tipo de respaldo estatal para estructurarse, tal como fue la primera generación de concesiones.

Por sus características, este fondo no representaría riesgo para el presupuesto de la nación ya que el nivel de compromisos que pudiese adquirir estaría limitado al valor de su patrimonio y a la evaluación de riesgos que haga “el mercado” de la cartera de sus colocaciones. Supuestamente, esto debería haber sido de tal envergadura que buena parte de las inversiones en infraestructura que el país requiere se podrían haber enfrentado a través de este instrumento.

Se suponía que, así pensado, el FI debía despertar el máximo interés de los Fondos de Pensiones y de las Compañías de Seguros, en tanto representaba una forma segura de canalizar recursos de esos sectores hacia nuevos proyectos, con un riesgo calculado y con el aval de una entidad del Estado. Sin embargo, en la discusión del proyecto de ley nunca se contó con un punto de vista de las AFP ni de las aseguradoras.

Puede ser que nunca se les haya consultado, cosa que al menos desde el Consejo de Política de Infraestructura (CPI) se hizo con frecuencia, sin resultados muy elocuentes. Es posible también que, al no haber sido invitados por las autoridades de gobierno a hacer sus planteamientos, hayan percibido que no existía interés real en dotar al sistema de un instrumento de garantía que permitiera una contribución de esos sectores hacia la infraestructura. De igual forma, también es posible que estas entidades consideren que ese es un espacio de mercado -el de la infraestructura nacional- que ya está copado por los fondos de pensiones de Canadá y Australia y que, por lo tanto, no pueden acceder.

En fin, se podrían seguir formulando hipótesis acerca de las causas de esa falta de interés, en un momento en que los ahorrantes en las AFP demandan mayor rentabilidad de sus inversiones y un vínculo real de estas con el desarrollo nacional. Sería otra la discusión acerca del sentido de las inversiones que se hacen con el ahorro previsional si se pudiese masificar la idea de que esos recursos se han destinado a incrementar la dotación de infraestructura del país. “Tu ahorro previsional contribuye al crecimiento y bienestar del país” sería bien recibido por un número significativo de cotizantes. Ⓟ