Evolución del gasto fiscal y clasificación de riesgo
Es destacable que paulatinamente comience a privilegiarse en el diseño presupuestario la inversión pública en desmedro del gasto corriente.
Esta semana, la Dipres publicó el avance en la ejecución presupuestaria del gobierno. En materia de gasto, se registró un incremento de 5,7% durante el primer semestre de este año, ritmo similar el que exhibió el gasto público la primera mitad de 2017. Al desglosar la composición del gasto, se aprecia un repunte de la inversión pública de 2,6%, que contrasta con la caída de 3,1% registrada por este ítem en el primer semestre de 2017. Por su parte, el gasto corriente siguió expandiéndose a tasas elevadas, anotando un incremento de 6,1%.
Pese a que el marco de gasto actual fue aprobado bajo la administración anterior, es destacable que paulatinamente comience a privilegiarse en el diseño presupuestario la inversión pública en desmedro de gasto corriente. Los aumentos desmedidos en gastos administrativos o de personal, pese a que pueden tener impactos positivos en el corto plazo, terminan siendo un lastre económico, al venir asociados con mayor inflación, tasas de intereses más altas y una apreciación real del tipo de cambio. En cambio, la inversión en infraestructura pública, si se focaliza en áreas de difícil acceso para el sector privado de manera de evitar su desplazamiento, puede generar en el largo plazo mayor eficiencia, más conectividad y, por lo tanto, mejores condiciones para el sector productivo.
Es imprescindible abordar esta discusión de fondo. Cada año, el Ejecutivo y los parlamentarios discuten el ritmo de expansión del gasto público y, en general, en el mundo político persiste la idea errónea de que un mayor gasto fiscal es beneficioso para la ciudadanía. Sin embargo, los seis puntos del PIB que ha aumentado el gasto público en la última década no tienen una correspondencia en la prestación de servicios desde el Estado a la ciudadanía, ni menos en garantizar un entorno macroeconómico que favorezca la inversión e incentive la generación de nuevos empleos de calidad. En contraste, hemos visto un crecimiento abrupto de la deuda pública y, como consecuencia de todo lo anterior, la clasificación de riesgo del gobierno chileno ha sufrido la rebaja crediticia por parte de las principales agencias de rating.P