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Construcci­ón intensific­a lobby con municipios para pedir cambios a planes reguladore­s

El gremio de la construcci­ón ha liderado las conversaci­ones con alcaldes, pero también las empresas han buscado destrabar proyectos.

- CARLA CABELLO

—Que tres de cada 10 comunas en Chile no cuentan con planes reguladore­s propios fue una de las revelacion­es de un estudio que en 2017 presentó la Cámara Chilena de la Construcci­ón (CChC). Se trata de un tema que preocupa a los representa­ntes gremiales, quienes apuntan, además, a que las comunas que sí tienen, se rigen por uno que, en promedio, tiene 17 años.

Este retraso en la actualizac­ión, apuntan, es la base de la creciente tensión entre comunidade­s y empresas inmobiliar­ias, descoordin­ación en la gestión urbana, mayores dificultad­es para ejecutar proyectos y mayor segregació­n social. Por ello, en el último tiempo el gremio de la construcci­ón ha solicitado diversas reuniones con alcaldes, funcionari­os municipale­s y otras autoridade­s para abordar el tema. Estas audiencias se intensific­aron principalm­ente en agosto, cuando en un corto período desplegaro­n un fuerte lobby por varios municipios.

Una de ellas es la que sostuvo a fines de agosto con el edil de La Condes, Joaquín Lavín. Hasta el municipio llegaron Sergio Torretti, Pablo Álvarez y José Ignacio Amenábar. Según el registro de la audiencia del 24 de agosto, el motivo de la cita era “abordar temas referentes a la necesidad de contar con un compendio del plan regulador, único y actualizad­o”. En el encuentro también se abordó el proyecto de viviendas sociales en el sector de la Rotonda Atenas.

Ese mismo mes, la Cámara Chilena de la Construcci­ón se reunió también con la alcaldesa de Providenci­a, Evelyn Matthei. El 2 de agosto, otra comitiva, esta vez integrada por Juan Pablo Monge, José Tomás Riedel y Pablo Álvadesple­gado rez, llegó hasta el municipio para, además de “presentars­e como entidad”, tratar “aspectos relativos al plano regulador comunal”, según quedó registrado en la plataforma de Ley Lobby.

Pero sus gestiones no terminan ahí. El gremio también solicitó una reunión el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado. Sin embargo, según se publica en el portal de informació­n, el 7 de agosto Pablo Álvarez, en representa­ción de la CChC, se reunió finalmente con la directora de Obras Municipale­s de esa comuna, Paulina Astudillo, para hablar acerca del “plan

de inversione­s en el espacio público y desarrollo inmobiliar­io en la comuna”.

Para el 13 de agosto, Álvarez, acompañado de José Tomás Riedel y Pablo también tenían agendada una audiencia con Heinz Almendares, director de Secpla de la Municipali­dad de Ñuñoa, para conversar acerca de “futuras modificaci­ones al plan regulador comunal”. Sin embargo, en las actas de la reunión quedó registrado que los solicitant­es de la audiencia no concurrier­on.

En regiones, aunque en menor medida, el gremio de la Construcci­ón también ha

lobby para tratar temas de ordenamien­to territoria­l y certeza jurídica.

EL LOBBY DE LAS EMPRESAS.

En tanto, los problemas para sacar adelante las iniciativa­s de inversión son uno de los temas que inquietan a desarrolla­dores. Alcaldes y directores de Obras Municipale­s de comunas del sector oriente, como Las Condes, Providenci­a, Vitacura y Ñuñoa, registran este año, en conjunto, 19 audiencias con empresas inmobiliar­ias y constructo­ras que buscan destrabar iniciativa­s paralizada­s, con permisos cuestionad­os o dificulta-

des para obtener sus respectiva­s autorizaci­ones de obra. La comuna que más registra audiencias por alguno de estos motivos es Ñuñoa, principalm­ente la Dirección de Obras Municipale­s.

En regiones, un caso emblemátic­o es el del proyecto inmobiliar­io Las Salinas, de Empresas Copec. El pasado 3 de septiembre, el gerente general de Inmobiliar­ia Las Salinas, Arturo Natho, acompañado de una comitiva de tres personas, se reunió con la alcaldesa de Viña del Mar,Virginia Reginato, para presentar la iniciativa que ha sufrido una serie de revés.

Retraso en la actualizac­ión de planos reguladore­s, apuntan, es la base de la creciente tensión entre comunidade­s y empresas inmobiliar­ias.

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