La formalización que golpea a la familia De Aretxabala y a los socios de Bodegas San Francisco

A principios de junio, Kepa de Aretxabala Etchart, además de sus hijos y señora, fueron formalizados por apropiación indebida, contrato simulado y fraude procesal, luego de que un familiar, Pedro Arrivillaga de Aretxabala, los acusara de desviar fondos desde una sociedad en común, Baiona, reduciendo los dineros que obtendría tras su liquidación. El caso llegó, incluso, a los socios de Bodegas San Francisco, siendo también formalizados. La fiscalía tiene hoy seis meses para investigar, mientras las acciones judiciales entre ambos bandos continúan.

UUna de las familias vascas más tradicionales del país está hoy en pie de guerra. Problemas de dinero mantienen enfrentados a los accionistas del reconocido holding de alimentos IPAL, los De Aretxabala. El pasado 8 de junio, Kepa de Aretxabala Etchart; sus hijos Kepa y Manuel José de Aretxabala Herazo; su señora Sonia Herazo, además de Nelly Pinto y Sergio Hidalgo Herazo -primo de los De Aretxabala Herazo-, junto a los socios de Bodegas San Francisco (BSF), Arturo Salvatierra y José Silberberg, fueron formalizados por los delitos de contrato simulado en perjuicio de terceros por $ 8.145 millones; fraude procesal, por $ 1.334 millones y apropiación indebida ascendente a $ 2.139 millones; investigación derivada de una querella presentada en mayo de 2016 por su familiar y también socio Pedro Arrivillaga de Aretxabala. Una historia que partió hace ya varios años, y que hoy podría derivar en un juicio oral con sanciones para los reconocidos empresarios.

En el año 1990, los De Aretxabala crearon la sociedad Inversiones Baiona Limitada, dueña de una serie de macrolotes en Pudahuel. Luego de ello, Agrícola Izarra -de la misma familia- le vendió a Baiona los bienes raíces que contenía. En total fueron más de $ 13.000 millones que se pagarían en determinados plazos que se fueron prorrogando, cancelándose solo parte de la deuda. Los De Aretxabala quedaron como socios y acreedores. En 2005, Izarra se liquidó y vía títulos ejecutivos se oficializó la deuda que a cada socio le correspondía en función de la participación que tenían en la sociedad. A esa altura y dado el fallecimiento de algunos miembros de la familia, los créditos a pagar

En junio, miembros de la familia De Aretxabala y los socios de BSF fueron formalizados, tras una querella presentada en 2016 por Pedro Arrivillaga de Aretxabala, por apropiación indebida, contrato simulado y fraude procesal sobre la sociedad Baiona.

• • El Ministerio Público señaló que existirían varios hechos tendientes a vaciar patrimonialmente a Baiona, con la finalidad de que al liquidarla existieran menos recursos para distribuir entre los acreedores, entre ellos Arrivillaga de Aretxabala.

El tribunal le dio a la fiscalía seis meses para investigar, mientras parte de los formalizados quedó con firma mensual.

• se distribuyeron en la sucesión Pedro de Aretxabala y Elustondo (20,85%), Kepa de Aretxabala Etchart (9,1%), Sonia Herazo (12,74%), Kepa de Aretxabala Herazo (6,25%), los Yaeger -descendencia de Begoña de Aretxabala- (9,34%) y Pedro Arrivillaga de Aretxabala y sus hermanos (41,66%). Y partieron los problemas.

El 3 de febrero de 2014, los Yaeger y los Arrivillaga de Aretxabala presentaron una demanda ejecutiva cobrando lo que se les adeudaba. En total, eran del orden de $ 7.500 millones. La acción derivó en que se embargaran todos los bienes que contenía Baiona, principalmente 26 macrolotes del Loteo Izarra Aguirre. A esas alturas, la administración de Baiona estaba en manos de Kepa de Aretxabala Herazo y Kepa de Aretxabala Etchart.

En el intertanto, y ante el congelamiento de la actividad de Baiona por casi dos años -señalan documentos ingresados al tribunal por representantes de los querellados, los abogados Jorge Bofill y Sebastián Contreras-, Kepa de Aretxabala recurrió a otra sociedad, Alize, de propiedad de Baiona, y que tenía un crédito aprobado con el banco Bci por UF 360.000. De ese monto, se desembolsaron $ 7.750 millones para tomar 159 vale vistas que fueron depositados -en octubre de 2015- por Baiona en la cuenta del juzgado para pagar íntegramente la deuda que se le debía a Arrivillaga. Con ello, se alcanzó un acuerdo que permitió elevar el embargo, tras lo cual el abogado de Arrivillaga solicitó se girara el cheque por la suma adeudada.

En paralelo, los demandantes habían pedido liquidar Baiona por haberse cumplido el plazo, lo que debía concretarse el 18 de diciem- bre de 2015. El 15 de diciembre lograron alzar el embargo. Así, entre el 16 y 17 de ese mes se enajenaron tres inmuebles, operaciones que según Arrivillaga -y dadas las condiciones en que se hicieron- tuvieron por finalidad solo vaciar patrimonialmente a Baiona para que hubiese menos dinero a repartir entre los socios, situación que el Ministerio Público respaldó.

De esta forma -se lee en la formalización de la fiscalía- fueron tres los hechos cuestionados penalmente. El primero, llevado a cabo el 16 de diciembre, dijo relación con la venta de Baiona de 573 mil metros cuadrados en Pudahuel a Bodegas San Francisco, representada por Salvatierra y Silberberg, operación en la que Colliers actuó como intermediador. El precio alcanzó las UF 851.102,94 (unos $ 21.813 millones). De ellos, un 30% se pagó al contado, y el resto se pactó que se pagaría en 10 cuotas anuales. No se acordaron intereses ni garantías, condiciones que -señala la formalizaciónhicieron que al final del día en vez de pagarse UF 1,4 metros cuadrado, fuera UF 1,27. “Estas condiciones están alejadas de la realidad comercial del mercado inmobiliario”, dijo la fiscalía.

A ello sumó que se estableció un pacto de retroventa, en el que BSF se obligaba a vender a Baiona el 70% del paño si es que estos últimos lo pedían a marzo de 2016. “Así las cosas, este contrato pone de manifiesto que BSF jamás tuvo la genuina intención de comprar estos terrenos ni Baiona de venderlos. El objetivo de BSF era el de comprar el 30%, y se prestó para que el saldo del terreno saliera del patrimonio de Baiona, excluyéndolo de los activos que entrarían -dos días después- en un proceso de liquidación”, dijo la fiscalía. Agregaron que ese hecho es constitutivo del delito de contrato simulado, cuyas condiciones habrían generado un perjuicio económico por $ 8.145 millones a los socios de Baiona.

Los demandantes -representados por Hugo Rivera y Javier Arévaloagregaron un ingrediente más: la relación de parentesco -eran a esa fecha consuegros- entre el accionista de BSF Sergio Barros y Kepa de Aretxabala Herazo.

¿Qué ha pasado?

¿Cuáles son los hechos?

¿Cómo avanza el proceso?

Fiscalía cuestionó tres hechos, entre ellos, venta de terrenos bajo valor de mercado y que los dineros de la venta hayan caído sobre otra sociedad y no Baiona. Formalizó a comienzos de junio.

Desde BSF negaron los delitos imputados, asegurando que ellos solo compraron paños que necesitaban e incluso a un valor mayor al que pagan tradicionalmente, sin sospechar que disputas familiares derivarían en esto.

Hoy, además, existe una demanda por obstrucción a la justicia interpuesta por Kepa de Aretxabala e hijos contra Arrivillaga. Aseguran que este entregó dos informes al Ministerio Público, cuyas conclusiones no son reales.