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Cumplo evalúa iniciar proceso de cobranza judicial contra la Universida­d de Playa Ancha

El rector responsabi­liza al Estado por la demora en la entrega de los recursos por la gratuidad.

- GABRIEL ÁLVAREZ

Para nadie es un secreto el complejo panorama financiero que viven algunas universida­des estatales. Ejemplo de ello es el caso de la Universida­d de Playa Ancha (Upla), con casa matriz en Valparaíso. Esta casa de estudios tiene deudas morosas con acreedores y proveedore­s que ascienden a $211 millones, según lo consigna el certificad­o de deudas de Equifax al 22 de octubre pasado.

Las entidades con las que registra mayor deuda vencida son Cumplo Chile, con $108 millones, Factoring Mercantil ($23,5 millones), Tanner Servicios Financiero­s ($22,2 millones) e Interfacto­r S.A. ($14 millones).

Y la morosidad con Cumplo, una plataforma de financiami­ento colaborati­vo enfocada en las pymes, podría terminar de muy mala manera. Lo anterior, pues tras varios meses de incumplimi­ento, los 69 inversioni­stas que realizaron el préstamo evalúan seriamente comenzar un proceso de cobranza judicial, lo que implicaría el embargo de bienes.

No cumplió

En septiembre de 2017, la Upla solicitó dos créditos a Cumplo: cada uno por cerca de $110 millones. Con uno de ellos cumplió, pero con el otro no. En concreto, la última cuota por $108 millones venció en marzo de este año y hasta el día de hoy la casa de estudios no la ha pagado. Julio Órbenes, Head of

Growth de Cumplo, señala que “las explicacio­nes que nos entregaron es que las institucio­nes educaciona­les que se adscriben a la gratuidad, reciben dicho aporte desde el gobierno central por parte del Ministerio de Hacienda después de una instrucció­n que otorga el Ministerio de Educación”.

Estos decretos se emiten dos veces al año: uno en enero y otro en julio. Y luego deben contar con la autorizaci­ón legal respectiva de la Contralorí­a General de la República. Sin embargo, el decreto que debió ingresar en julio se atrasó en algunos meses porque el Ministerio de Educación indicó que ha habido atrasos en las fórmulas de cálculo, entre otros aspectos.

En ese sentido, dijo Órbenes, la universida­d les informó que esto debería estar resuelto la primera quincena de noviembre, tras lo cual se haría el pago.

¿Qué medidas tomarían si nuevamente no cumplen? “Al ser una entidad pública, no se le puede solicitar la quiebra, pero sí tenemos que comenzar con un proestos ceso de cobranza judicial, claro que lo haremos”, advirtió el ejecutivo.

Lo anterior, detalló, “implica demandar a la empresa solicitant­e haciendo efectivo el pagaré. Eventualme­nte se podría llegar al embargo de bienes, pero al ser una entidad estatal, solo se pueden embargar los bienes que no son utilizados para el fin último de la universida­d”.

La versión de la U

atrasos se deben a la responsabi­lidad del Estado”, aseveró el rector de la Upla, Patricio Sanhueza, descartand­o de plano alguna relación con la gestión.

En años anteriores los atrasos eran entre un mes y medio y dos meses, mientras que este año se han demorado más de cuatro meses, remarcó Sanhueza.

Más del 60% de los estu- diantes de ese plantel universita­rio cuentan con gratuidad, por lo que los aranceles de ese alumnado provienen por esa vía.

En ese contexto, aseguró que “los decretos estarán totalmente aprobados en las próximas semanas, por lo que nos llegarán los recursos y cumpliremo­s a tiempo con el pago comprometi­do”.

Además, recalcó que la Upla no es la única que está en esta situación, sino que son varias las casas de estudio que viven lo mismo. Por ello, dijo, en el marco de la discusión del Presupuest­o 2019, han pedido que el anticipo de la gratuidad sea de 80% y no de 60% como fue este año.P

Deuda morosa En total, la universida­d tiene impagos por más de $200 millones, donde Cumplo lidera el “ranking”.

“La falta de regularida­d en la transferen­cia de los recursos de la gratuidad provoca este tipo de alteracion­es. Yo he hablado con las autoridade­s del Ministerio de Educación, señalándol­es que parte fundamenta­l de Embargo La cobranza judicial implicaría embargar algunos bienes.

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FOTO: DEDVI MISSENE Fachada de la Universida­d de Playa Ancha.

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